El director general que tardaba un año en leer un informe de 200 folios

SEVILLA- El ex director general de Trabajo entre 2008 y abril de 2010 Juan Márquez quedó en libertad con cargos pasadas las nueve de la noche del miércoles tras dos jornadas maratonianas de tenso interrogatorio ante la juez Alaya, que dejan casi 200 folios de declaración y de imputación de irregularidades por parte de la magistrada. Que Márquez no siguiera el camino de la cárcel, como sí lo hicieron el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director general entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero, y el chófer de este último, Juan Francisco Trujillo, no significa que sean de menor calibre los posibles cuatro delitos continuados en los que incurre: omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de fondos públicos.

Casi una treintena de folios dedica la magistrada a hacer un repaso detallado de todas las irregularidades cometidas por el ex alto cargo. Son abundantes y ponen claramente de relieve que Márquez tuvo «constancia fehaciente» del desmán existente en la Consejería de Empleo y que prefirió tapar los hechos en lugar de «cumplir con su deber de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial ante la apariencia de los mismos de infracción criminal».

 Según la juez continuó, «a sabiendas de su ilegalidad, un procecimiento distinto del que la Ley establecía». Concedió 114 ayudas tras el informe del bufete Garrigues que dejaba claro «su falta de competencia para otorgar las mismas». «Siguió concediendo ayudas sociolaborales sin autorización previa de la Comisión Europea, por encima del umbral de mínimos pese a conocer que eran ayudas de estado». Desde el principio conoció los «pagos cruzados» de pólizas. «No ordenó ningún procedimiento de reintegro pese a tener conocimiento, tras la investigación preliminar de la Dirección General y el informe de Price Water House, de la ilegitimidad de las ayudas a las empresas de Rosendo y Sayago», los dos ex ediles socialistas beneficiarios de más de 15 millones de euros. «Continuó con la inclusión de intrusos en las pólizas, como en el expediente de Calderinox, con la introducción consentida por él de dos personas ajenas a la empresa». Dio ayudas –cita la juez el caso de SAT Virgen del Espino de El Pedroso– «a sabiendas de la falsedad de los presupuestos y finalidad para los que fue otorgada, pues le concedió una ayuda sociolaboral para el mantenimiento de ocho puestos de trabajo cuando la entidad sólo tenía dos». Pese a conocer que la financiación de las pólizas era en su mayor parte sufragada por la Junta, «autorizó un desvío de fondos públicos» a las mediadoras con comisiones muy superiores a las del mercado: «en el expediente de González Byass estaba previsto el cobro de 812.659,34 euros por encima de la tarifa habitual. Pagó una ayuda de 109.620 euros a Acyco «sabiendo que era para el pago de la minuta de Garrigues»...

Las evasivas, la supuesta ignorancia sobre aspectos jurídicos o sobre la normativa comunitaria fueron una constante en los dos días de declaración. Como muestra, un botón. Preguntado por el informe que encargó a Garrigues en 2009, dijo: «No tengo tiempo para leerme un documento de 200 páginas». «El informe se lee en media hora», le contestó la magistrada. «Yo necesitaría un año», fue su respuesta.

Citada hoy para declarar la asesora de Empleo que «tiró de la manta»
La ex asesora de la Dirección General de Empleo María José Rofa, imputada en el caso, está citada hoy en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para declarar ante la juez Alaya por el caso de los ERE fraudulentos. El testimonio ante la Guardia Civil y la documentación que aportó de su paso por Empleo entre julio de 2008 y marzo de 2011 han sido claves para unir muchos cabos de la investigación y para que la magistrara concretara los delitos que imputa a responsables socialistas como el ex director general de Trabajo Juan Márquez o el ex parlamentario y también asesor en la Dirección General de Trabajo Ramón Díaz Alcaraz. En la documentación aportada por Rofa a la Benemérita detalló minuciosamente cómo la Junta ocultó las irregularidades tras el cese de Guerrero y la entrada de Juan Márquez en Empleo en lugar de ponerlas en conocimiento de la Justicia. También aportó todos los detalles de la reunión secreta capitaneada por el ex consejero Recio en la Consejería en un fin de semana de noviembre de 2010.