El fiscal respalda investigar las llamadas a Interior de los imputados en el «Faisán»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que investigar las llamadas efectuadas desde la Subsecretaría del Ministerio del Interior a los tres imputados del «caso Faisán» –el supuesto chivatazo a ETA de una operación policial contra su «aparato de extorsión» en 2006– no es «impertinente o inútil». Ésta es una de las diligencias propuestas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular, a las que el fiscal Carlos Bautista ha dado el visto bueno en un escrito remitido ayer al juez Pablo Ruz.

La asociación que preside Daniel Portero solicitó al magistrado la identificación de los usuarios de Interior que intercambiaron (entre mayo y septiembre de 2006) varias llamadas con el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava, imputados en esta causa. Y es que en el informe policial sobre el tráfico de llamadas de los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando supuestamente se produjo el soplo, esas llamadas no aparecen reflejadas.

La Fiscalía–que solicitó el archivo de la causa en 2009– asegura que ahora «no se opone» a esa diligencia pese a que, añade, «el equipo investigador no haya considerado relevantes para la averiguación de los hechos las llamadas recibidas y/o efectuadas por y desde esos teléfonos, hasta el punto de no mentarlas en su informe de imputaciones».
Informe de la Guardia Civil

En su escrito, el Ministerio Público recalca que sigue pensando que «se han practicado a instancias del Ministerio Público las diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos». No obstante, añade que al no ser las propuestas de DyJ «impertinentes o inútiles» en la medida en que «pueden aportar algún dato o elemento complementario», no pone reparos a que se practiquen y, de hecho, las considera «procedentes».

Entre las nuevas diligencias instadas por la acusación popular figura, por ejemplo, la petición a la Guardia Civil de que realice «un informe ampliatorio sobre los teléfonos prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del bar Faisán» de Irún (Guipúzcoa), donde presuntamente un agente avisó al dueño del local, Joseba Elosua, de que se iban a realizar las detenciones. El «bar Faisán» es el lugar donde supuestamente se realizaban los pagos de los empresarios extorsionados por ETA a través de terceras personas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también apoya que se cite a declarar a un comisario de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) que redactó el primer informe sobre el chivatazo el 15 de mayo de 2006, quien señaló que el jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos G., «fue reticente en diversos momentos» a continuar con la operación porque conllevaba «riesgos políticos» al producirse en plena tregua de la banda terrorista.