La UE aprueba una norma que restringe el «turismo sanitario»

Los ministros de Sanidad de la UE aprobaron ayer, pendiente de ratificación de la Eurocámara, la nueva norma comunitaria cuyo objetivo es acotar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. España logró un apoyo mayoritario para su propuesta de compromiso, que es más restrictiva que el plan original de la Comisión y aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero con el objetivo de limitar el «turismo sanitario». La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificarlo. El acuerdo final permitirá a España exigir autorización previa para los tratamientos privados en el extranjero y denegarla alegando que no garantizan una calidad suficiente.Quién reembolsa los costes El otro gran problema para España era quién paga los tratamientos en el extranjero de los jubilados de otros Estados miembros que residen en nuestro país. Inicialmente, se preveía que fuera el país de residencia y no el de afiliación (es decir, aquel en el que han cotizado) el que corriera con los gastos. Es decir, que si un alemán residente en Mallorca fuera a tratarse a Berlín, la sanidad española debería reembolsarle los costes.El compromiso final dispone que si un jubilado residente en España va a tratarse a su país de origen, será este Estado de afiliación el que pague. En el caso del alemán residente en Mallorca que va a Berlín, sería la sanidad alemana la que se haría cargo de los gastos. En el resto de casos, será el país de residencia el que pague. Es decir, si el mismo jubilado va a tratarse a Francia, España sería el país que tendría que afrontar los costes.