El patio político está revuelto con la propuesta de reforma constitucional para establecer un límite constitucional al déficit. La verdad sea dicha, esta propuesta puede parecer un poco chocante a las alturas de legislatura en la que nos encontramos y con un presidente digamos, por ser suave, con cierto grado de interinidad.

Lo más sorprendente es que la intocable Carta Magna , de repente parece que puede ser reformada en unos pocos meses y con sorprendente facilidad. Lo cierto y verdad es que la Constitución, como cualquier Ley, aunque ésta tenga mecanismos reforzados de reforma, puede ser modificada por la simple voluntad de las Cámaras.

La convulsión política de la transición y el dificil equilibrio democrático de los inicios del nuestro actual régimen parlamentario generaron una especie de sacralización de la Constitución que ha provocado que los partidos hayan sido reacios a cualquier reforma para evitar males mayores, por aquello de no abrir la «Caja de Pandora».

Sin embargo, el procedimiento que regula la propia Constitución para su reforma permite una modificación parcial de la misma conforme al artículo 167, sin necesidad de disolver las Cámaras, ni convocar un referéndum, siempre que no afecte al Titulo Preliminar, al capítulo I Sección segunda del Título I , ni al Titulo II, es decir siempre que no afecte a la Estrucura del Estado , ni a la forma de Gobierno, a los derechos y libertades fundamentales, ni a la Corona.

Esta reforma parcial se inicia por cualquiera de las Cámaras o las Comunidades Autónomas y requiere para su aprobación una mayoría de tres quintos en ambas cámaras, o bien la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso. Una vez aprobada la reforma sólo sería necesario el referéndum si lo solicita al menos el 10% de cualquiera de las dos cámaras.

En definitiva, la Constitución no es más que una Ley, pero tampoco es menos. La reforma propuesta no afecta al Estado social, ni a las libertades fundamentales, a pesar de que sin duda oiremos estas quejas en los próximos días, y otorga un instrumento eficaz al Gobierno no para acabar con el Estado de bienestar, sino para hacerlo posible.