Los territorios de la crisis por Santiago Talaya

En la cima de la prosperidad con la que se estrenó el nuevo siglo y asentado en la mayoría absoluta del año 2000 José María Aznar creyó llegado el momento de reducir el protagonismo de los nacionalismos periféricos y, en general, de poner coto a la que consideraba impertinencia del sistema autonómico. Para ello impuso en su discurso un hondo calado centralista que, paradójicamente, constituyó el principio de su, tal vez, injusto y precitado final político. Una vez más el centroderecha español había vuelto a uno de sus inveterados «tics», si bien, no es menos cierto que la cuestión territorial ha tenido históricamente posicionamientos varios en la doctrina liberal, democristiana o conservadora. Hoy, como entonces, el PP goza de una amplia mayoría parlamentaria aunque, en vez de cima económica, nos asomamos a una sima financiera que, sin embargo, pareciera querer aprovecharse para verter sobre el Estado autonómico todos los males que aquejan a la Nación.

Quién sabe si un error no mayor que el cometido hace una década. Y no porque el modelo territorial no pueda o no deba ser reformado bajo criterios de mayor eficiencia, sino porque determinados discursos antiautonomistas olvidan que son precisamente los grandes partidos los que constituyen el denominador común de los diversos estamentos administrativos del país. Con sus vicios, sus virtudes y sus dinámicas, los de las formaciones políticas, que habrían sido muy parecidos con independencia de la organización territorial del poder. Se corre grave riesgo por tanto de confundir las prioridades. En este momento, la lucha contra la crisis exige de una dedicación titánica y pretender abrir en canal la distribución de competencias podría suponer un peligroso elemento añadido de desestabilización. La propia recesión, ya de por sí, obligará a una cura de humildad generalizada, empezando por la presupuestaria, de ahí que resulten de todo punto gratuitas e innecesarias humillaciones o atribuciones de culpabilidad que no harán sino dificultar el imprescindible clima de serenidad institucional que se requiere. Sin perjuicio, naturalmente, de que desde la Constitución a la propia ley electoral deban ser revisadas. Pero mejor cuando la economía se haya estabilizado. Tal vez cuando, dentro de no muchos años, acceda a la Jefatura del Estado ese gran Rey que habrá de ser Felipe VI.