Castilla y León exige más compromiso con la Educación entre los inmigrantes

VALLADOLID- Derechos y deberes. Las dos patas de la convivencia en una sociedad democrática se darán la mano en la próxima Ley de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León, que ya se encuentra en manos de administraciones, asociaciones, empresarios, sindicatos y ONGs. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, presidía ayer el Foro Regional en el que dio a conocer los puntos fundamentales de un anteproyecto que se dirige a 172.216 inmigrantes que residen en este momento en Castilla y León, con especial atención a los menores no acompañados. Una iniciativa que se mejorará durante los próximos meses, a partir de encuentros como el de ayer y de reuniones con asociaciones de inmigrantes, que tendrán lugar en todas las provincias de Castilla y León.

En ese foro, De Santiago-Juárez explicó que los servicios sociales y básicos, los instrumentos integradores y la cooperación entre administraciones serán elementos esenciales en el articulado de la norma, que incide en la escolarización obligatoria y en el reto de «prevenir el absentismo y el abandono escolar», más habitual entre un colectivo con algo más de 34.000 alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarios. Con respecto a la convivencia en el espacio educativo, recordó que los centros poseen autonomía, si bien, «los reglamentos hay que cumplirlos aquí, en Cuenca y en el Magreb».

Otro de los retos que aborda la futura Ley es la extensión de la tarjeta sanitaria a cerca de 32.000 foráneos que, pese a estar empadronados en la Comunidad, aún no la han solicitado, para evitar el mal uso que muchos de ellos hacen de las Urgencias Hospitalarias.

Por su parte, la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta, María de Diego, indicó que otro apartado se refiere al «compromiso de integración ciudadana», a través del cual se aborda el grado de integración de un inmigrante cuando se vaya a cumplir su permiso de residencia, para obtener uno de los tres informes obligatorios.

La Ley también prevé la creación de espacios interculturales y de centros integrales de inmigración en todas las provincias.