Gobierno y Generalitat negocian la privatización de servicios públicos

El plan afectaría a empresas como la concesionaria Tabasa o Aguas Ter-Llobregat

BARCELONA- Este jueves tiene lugar el consejo de política fiscal y financiera en el que se dan cita el Gobierno y las autonomías para valorar sus progresos en materia de déficit. A diferencia de los anteriores, Asturias y Cataluña, aunque por motivos diferentes, están en el ojo del huracán. Mientras que la comunidad que preside Artur Mas tiene que hacer una nueva vuelta de tuerca de 1.500 millones, Asturias tiene que presentar su plan de ajuste con un gobierno en funciones. «Al que no cumpla se le aplicará la ley de Estabilidad Presupuestaria», resumió tajante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ayer en Barcelona. En román paladino, si no cumplen serán intervenidos.

El ministro, que participó en un encuentro con empresarios en el Círculo de Economía, no se abstuvo de avanzar que 2.000 ayuntamientos serán intervenidos por Hacienda «antes de verano» ante la falta de capacidad financiera. En este contexto, Montoro señaló que su ministerio está acabando de pactar con la Generalitat un programa que sea «concreto, fiable y realista», que se basará en «políticas de privatización de servicios públicos». El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ya sugirió que tanto la concesionaria de la Generalitat, Tabasa, como la Aguas Ter-Llobregat podrían entrar en este proceso de privatización. Hoy, sin ir más lejos, el propio conseller y el president Mas presentarán los pormenores de los nuevos recortes.

Ayudas del Gobierno
En todo caso, durante su conferencia, Montoro recordó el apoyo que el Gobierno brinda a entes locales y comunidades para el pago de proveedores si cuentan con planes de ajuste aprobados por el ministerio, con unas ayudas que se comenzarán a distribuir a finales de este mes. En el caso de Cataluña, esta cifra asciende a más de 700 millones para ayuntamientos y 2.000 para la Generalitat.

El ministro explicó que las administraciones deberán «seleccionar gastos e impuestos». El titular de Hacienda, sin embargo, negó que eso se traduzca en una recentralización de la estructura del Estado. «Pero la descentralización no puede llevar al despilfarro o a la superposición de competencias», añadió.

Montoro, en alusión al pacto fiscal que promueve CiU, pidió a las administraciones catalanas que se comprometan con «objetivos realistas» para conseguir que España salga de la crisis. «España no saldrá de la crisis sin Cataluña, que tiene que jugar un papel fundamental por su peso económico», como territorio con emprendedores que podrán beneficiarse de la reforma bancaria, laboral y energética española para crecer y crear empleo, pero que ahora no se debe «fantasear» porque los recursos «son limitados» y se debe priorizar la fiabilidad ante los mercados. Montoro, ante un auditorio formado por 200 empresarios, quiso alabar la capacidad económica de Cataluña en un momento de cierta tensión entre las dos administraciones, no solo por los ajustes sino también por el pago de los 211 millones correspondientes a la disposición adicional tercera.