Viera «premió» a 42 empresas de la Sierra Norte con 35 millones de euros

La opacidad con la que se gestionó el «fondo de reptiles» hace que las sospechas sobre el uso final del dinero se multipliquen. No parece lógico que una comarca determinada (la Sierra Norte) de una de las ocho provincias andaluzas (Sevilla) acumule ayudas por más de 35 millones de euros en 42 sociedades durante los años (2000-2004) en los que José Antonio Viera ejerció como consejero de Empleo. Eso es lo que denunció el PP-A ayer, ampliando lo que ya hiciera el sábado.

El dinero provenía de la partida 31L destinada a ayudas sociolaborales. Lo gestionaba la Consejería de Empleo y los pagaba su ente instrumental, el IFA. El ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, natural de El Pedroso, municipio de la Sierra Norte, era el que gestionaba los convenios pero necesitaba de la aprobación del IFA, es decir, de su superior jerárquico. De ahí que el PP considere que el acta del consejo rector del IFA firmada por Viera de 30 de enero de 2004 –hecha pública el sábado– por el que se autorizaban varias de las 42 ayudas recopiladas durante la legislatura demuestra que el hoy secretario provincial del PSOE de Sevilla era el que decidía el destino final del dinero.

Y ahí surgen varias incógnitas. El procedimiento elegido para su concesión no era público, no existían registros de solicitantes ni igualdad de oportunidades. Esta falta de control es lo que provocó la aparición de intrusos en los ERE. Pero es que además de financiar prejubilaciones, con el «fondo de reptiles» se pagaban ayudas a fondo perdido de manera arbitraria. Según el PP, muchas de estas cantidades eran «falsas»: no eran ayudas sociales. «Alguien se tuvo que llevar el dinero porque no fue a parar a los proyectos comprometidos», aseguró el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.

Como ejemplos, 750.000 euros para un hipódromo en Los Palacios que nunca se construyó. Otra muestra: 360.000 euros destinados a una empresa catalana (OC Renting) que había tenido un «contrato fallido» para hacerse cargo del servicio de fotocopias en la Universidad de Huelva.

No había seguimiento del dinero otorgado ni controles para exigir su devolución si se detectaba un mal uso del mismo.

El PP mantiene que no hay informes jurídicos que avalen estas operaciones, el argumento que hasta ahora ha esgrimido el ex consejero de Empleo. La única certeza es que la Intervención General advirtió en siete informes de que el procedimiento elegido no era el adecuado.

Sanz exigió su cese o dimisión inmediata y anunció que llevarán la «trama Viera» al Parlamento.