Los fabricantes de coches en pie de guerra contra el Gobierno

La nueva ley modifica las relaciones entre las marcas y sus concesionarios de manera que, en caso de rescisión de contrato, el fabricante deberá afrontar indemnizaciones cuantiosas y la recompra del «stock» de automóviles que el concesionario tuviera sin vender.

Las reacciones a esta modificación no han tardado en llegar. El presidente de los fabricantes, Francisco Javier García Sanz, que a su vez es uno de los vicepresidentes mundiales del grupo Volkswagen, calificó el texto de «chapuza normativa», «intromisión política inaceptable», y anunció que obligará a las empresas matrices a reconsiderar sus proyectos de inversión en nuestro país, con lo que ello supone para el empleo, y terminó su intervención con un rotundo «nos jugamos el futuro de la industria del automóvil en España».

Las alarmas ya se han encendido en el Ministerio de Industria, que ha convocado urgentemente a las autonomías con plantas de fabricación y a los interlocutores sociales para analizar la situación y, por otra parte, ha convocado a la mesa del Diálogo Social para tratar de forma monográfica el sector del automóvil.

La industria del motor en España, la primera en exportación, mueve el 5% del PIB y tiene en nuestro país un total de 15 plantas de producción de automóviles y vehículos industriales, que dan trabajo a 65.000 empleos directos. La industria auxiliar, por su parte, aporta 340.000 empleos. Las redes comerciales son también grandes generadoras de empleo y riqueza, con unos 3.500 concesionarios y 6.500 servicios oficiales que emplean a unos 250.000 trabajadores. A ellos hay que añadir unos 50.000 talleres independientes, sin datos reales sobre los empleados que generan.


Las clavesde la ley
Cambios: La modificación de la ley de Economía Sostenible modifica las relaciones entre los fabricantes y los concesionarios.
Indemnizar: En caso de cese de relación contractual, la marca deberá pagar fuertes indemnizaciones al concesionario.
Provisionar: Esto obligará a las marcas a provisionar en su balance el «stock» en manos de la red de distribución y otras posibles indemnizaciones.