Tres años de infame cacería

La absolución de Francisco Camps ha puesto fin a tres años de un auténtico calvario sufrido por el ex presidente de la Generalitat Valenciana y por el que fuera secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa. Las sesiones de la vista oral han servido a la defensa para poner negro sobre blanco una acusación fabricada con medias verdades y cosida con alfileres. Y destapar una de las peores maniobras de persecución política que se recuerdan, orquestada por los socialistas para ganar con la utilización de los resortes del aparato del Estado lo que la ciudadanía valenciana les ha negado una y otra vez en las urnas. Todas las armas, todas las estrategias y todas las voluntades movidas por el partido que ocupaba entonces el Gobierno de la nación se pusieron al servicio de una estrategia orientada a erosionar la credibilidad y legitimidad del Partido Popular en Valencia, y a desalojar a Camps de la Generalitat. Ya desde los inicios de la causa abierta por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción se rompió en numerosas ocasiones el secreto del sumario decretado judicialmente. Y en todos los casos, los datos cuidadosamente filtrados resultaban perjudiciales para Camps y alimentaban una campaña en los medios de comunicación afines al Gobierno y controlados por el PSOE, hasta montar un juicio paralelo en el que se daba por sentado que Camps y Costa eran culpables y cómplices de una trama de corrupción que llenaba sus bolsillos. Las filtraciones interesadas llegaron al punto de que el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, se sirvió de informes policiales sujetos al secreto sumarial para atacar desde el estrado a Camps y al PP. El juicio, que ha costado a los contribuyentes en torno a medio millón de euros y ha mantenido ocupados y alejados de otros asuntos a jueces, fiscales y funcionarios judiciales y policiales, ha servido también para destapar una artificiosa y, a la vista de lo ocurrido, chapucera instrucción de sumario comenzada por Baltasar Garzón, en la que se ha vulnerado hasta el derecho constitucional a la defensa, con escuchas a abogados y sus clientes, exclusión de informes o evidencias que favorecían a los acusados, y que ha naufragado ante las más que razonables dudas surgidas en el jurado popular. ¡Qué diferencia con lo ocurrido con José Blanco! El ex ministro socialista pudo declarar ayer en secreto, sin presencia de los abogados de la acusación. Como es natural, goza de todas las garantías procesales y de la presunción de inocencia que asisten a todo ciudadano. Las mismas que les fueron negadas a Camps y Costa por obra de un Gobierno socialista que no dudó en forzar los mecanismos del Estado de Derecho para aniquilar políticamente a un adversario. Y que todavía no ha pedido perdón ni a Camps ni a los valencianos.