Bono emplaza a PSOE y PP a renovar el TC antes del 30 de junio

Ha sido muy crítico con la situación de falta de acuerdo entre los grandes partidos para renovar el TC, tres de cuyos magistrados presentaron ayer su dimisión, que finalmente no fue aceptada por el presidente del alto tribunal.

"Es la séptima vez que en la Junta de Portavoces les hago ver que en nuestro sueldo está cumplir con nuestra obligación de designar a los magistrados del TC que nos corresponde por mandato", ha subrayado Bono.

Según ha explicado, esta mañana ha propuesto a la Mesa del Congreso abrir el plazo para presentar candidatos, lo que ha sido aceptado por el órgano rector de la Cámara.

Preocupado por la "obstinación con la que casi a diario los grandes partidos políticos se dan la espalda", Bono ha considerado que "no es bueno"que los magistrados que han cumplido ya con su mandato no puedan ser renovados.

Así las cosas, ha dejado claro que PSOE y PP deberían ponerse de acuerdo. "Y si no, estamos incumpliendo nuestras obligaciones", ha advertido, antes de hacer notar que "a veces es más fácil criticar a los magistrados que nombrarlos".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que su partido quiere la renovación del Constitucional incluso antes de ese plazo, pero ha exigido al PSOE que no haya "ni vetos ni bloqueos". Y es que hasta ahora el veto de los socialistas a Enrique López, candidato del PP que fue rechazado por el Senado al no cumplir los requisitos, dio al traste con las negociaciones.

Bono ya había abierto ese plazo el pasado 30 de noviembre, cuando los dos grandes partidos pactaron la renovación de cuatro magistrados que correspondía elegir al Senado, pero acabó dejando en suspenso el proceso un mes después a la vista del bloqueo entre PSOE y PP, cuyo concurso es imprescindible ya que se necesitan al menos 210 votos.

Por séptima vez
Ahora de nuevo ha vuelto a proponer "por séptima vez"en la Junta de Portavoces, según ha reconocido el presidente del Congreso a los periodistas, la necesidad de que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para renovar a los jueces del TC que corresponde elegir a la Cámara Baja porque, según ha llegado a decir, "a veces resulta más fácil criticar"a los magistrados que nombrarlos "como corresponde por mandato constitucional".

"En nuestro sueldo está cumplir con nuestra obligación de designar a los magistrados del Constitucional que nos corresponde por mandato de la Ley", ha enfatizado el presidente del Congreso.

"Sinceramente creo que esto no es bueno", ha dicho Bono, antes de emplazar a PSOE y PP a que, "ahora que resultan necesarios para formar la mayoría que la Constitución exige", se pongan de acuerdo porque, de lo contrario, ha advertido, estarán incumpliendo con sus obligaciones.

Antecedentes
El Constitucional está compuesto por doce magistrados que se renuevan por tercios. El vicepresidente del TC, Eugeni Gay Montalvo, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado Barrio, que acaban de presentar su renuncia para forzar esa renovación, son los tres integrantes del TC que, junto con el fallecido Roberto García Calvo, fueron elegidos por el Congreso en octubre de 2001 y debían haber sido sustituidos a finales del pasado año.

Los dos partidos mayoritarios, cuyo concurso es imprescindible ya que los magistrados del TC deben contar con el voto de al menos 210 diputados (tres quintas partes de la Cámara), lograron pactar en noviembre del pasado año la renovación de los cuatro jueces que debía renovar el Senado desde 2007 pero, a estas alturas de legislatura y ante el bloqueo de sus conversaciones, ya habían desistido de abrir otro nuevo proceso.

Tienen acordado que cada uno propondría dos nombres pero encallaron al insistir el PP con Enrique López, que el PSOE no acepta por su categoría profesional y su antiguo papel como portavoz del CGPJ en la etapa de mayoría absoluta de José María Aznar. López ya fue un problema para la renovación de los magistrados del Alto Tribunal que debía elegir el Senado, que acabó desechándolo porque entonces no cumplía los requisitos formales.

Lo que sí pactaron los dos grandes partidos fue modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que la duración del mandato de los nuevos magistrados se reduzca en la misma proporción que se tarde en renovar a sus antecesores.

Esta norma, que el PSOE y el PP introdujeron en una reforma de la Ley Electoral para simplificar la papeleta del Senado, ya se aplicó con los nuevos magistrados elegidos por la Cámara Alta, cuyo mandato acabará en 2016, descontándoseles los tres años que costó sustituir a sus antecesores.

Ante la situación de bloqueo, socialistas y 'populares' ya habían dado por hecho que la renovación del TC en el Congreso quedaría para la próxima legislatura, una vez renovado el Parlamento. Si ahora los dos partidos mayoritarios consiguen limar asperezas y sellar un acuerdo, Bono volverá a poner en marcha los mecanismos para que los cuatro candidatos sean examinados en la Comisión Consultiva de Nombramientos y puedan ser votados en el Pleno de la Cámara Baja.

Otras renovaciones pendientes
La misma situación que el TC atraviesa el Consejo de Administración de la Corporación de RTVE, cuyo primer plazo se abrió el 7 de septiembre y que también quedó en suspenso tras meses de sucesivas prórrogas. PSOE y PP han de renovar seis consejeros, la mitad del total.
Y también están pendientes el Defensor del Pueblo, ya que el último titular (Enrique Múgica) cesó en junio de 2010, y el Tribunal de Cuentas, cuyos doce consejeros concluyeron mandato el pasado noviembre.