Castilla y León

Las Cortes respaldan el «techo de gasto» austero pero social del Gobierno Herrera

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, solicita estar «a la altura» en este difícil momento

Pilar del Olmo presenta el ‘techo de gasto' en presencia de García Cirac.
Pilar del Olmo presenta el ‘techo de gasto' en presencia de García Cirac.larazon

VALLADOLID- Tenso y con continuos atacas. Así transcurrió el pleno extraordinario celebrado ayer en el que las Cortes de Castilla y León respaldaron el «techo de gasto» austero, pero social aprobado por el Gobierno Herrera.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, fue la encargada de explicar al Parlamento autonómico la medida, y durante su intervención solicitó estar «a la altura de las circunstancias» para asumir cada «sacrificio, ajuste y recorte» servirán para superar la «delicada situación».

En este sentido, recordó que el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio se eleva a los 8.726 millones, un 4,2 por ciento menos que el año anterior (381 millones). Pilar del Olmo aseguró que la coyuntura es «complicada», por lo que «demanda seguir ajustando el gasto público a los requerimientos de déficit y endeudamiento y a las posibilidades de ingresos, muy limitadas» por la crisis económica.

La responsable regional de la cartera de Hacienda insistió en la idea de que las «renuncias importantes» que se pide a los ciudadanos forman parte de un camino que «necesariamente» España debe recorrer para superar los problemas.

Posibles variaciones
Asimismo, reconoció que el «techo de gasto» está sujeto «a posibles cambios» derivados del propio proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que se aprobará mañana, o de «cambios normativos que supongan aumentos o disminuciones de la recaudación».

Por último, Pilar del Olmo se refirió al próximo proyecto de Presupuestos, del que avanzó que el modelo tributario de Castilla y León será «más progresivo, solidario y justo», si bien dejó ahí sus palabras y recordó que se negocia en un grupo de trabajo con las formaciones políticas.
Sólo el portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, apoyó el límite de gasto y calificó de «medidas de ciencia ficción» las propuestas planteadas por la izquierda parlamentaria, entre las que evidenció dos modelos, por una parte el de la Junta, con menos deuda, menos déficit y más calidad en los servicios públicos y, por otra, la del PSOE con el «modelo andaluz». En este sentido, recordó que si el Ejecutivo autonómico hubiera hecho caso a la oposición, «Castilla y León tendría que pagar 200 millones más de deuda».

«Mas recortes»
Por su parte, el portavoz socialista, Óscar López, criticó que el «techo de gasto» servirá para que los castellanos y leoneses tengan «381 millones más de recortes en Educación, Sanidad y Dependencia». También, acusó a la Junta de perder el «ardor guerrero» que le llevaba a pedir al anterior Gobierno de Zapatero hasta el «último céntimo» y, en cambio, conformarse ahora con una disminución del 27 por ciento en la transferencias del Estado.

El dirigente del PSOE además lamentó que la consejera de Hacienda no hablara en ningún momento sobre los estimaciones en los datos del paro.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto y líder regional de IU, José María González, acusó a la Administración autonómica de aprobar un «techo de gasto» que «no tiene pilares» y que es «apresurado y provisional».

También indicó que «son ustedes los que deciden cuánto quieren ingresar, qué fraude fiscal no se va a controlar y cuánto sueldo baja a los funcionarios».

Aprobados los 1.052millones para proveedores
Las Cortes regionales aprovaron, con los votos del PP, la abstención del PSOE y en contra del Grupo Mixto, el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario y suplemento del crédito derivado del plan de proveedores que se contabiliza así en el presupuesto de 2012 por un importe superior a los 1.052 millones, que es la cuantía de las facturas atrasadas que se abonaron el pasado mes de junio a 2.237 empresas. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, destacó que la medida permite que el pago sea a diez años, que garantiza que pueda ser asumido por las cuentas públicas. Por su parte, el procuradro socialista, Julio López, criticó que su aplicación va a tener unos «costes enormes» que se desconocen al detalle.