Funcionarios exigen a la Junta que acate los fallos del TSJA contra el «decretazo»

Sevilla- Tras los dos últimos fallos del Alto Tribunal andaluz, uno de ellos firme, contra la «agencialización», provocados por recursos de la Asociación Al Andalus de Empleados Públicos de la Junta, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública y otros ciudadanos, el sindicato ha querido «sumarse a la causa». Motivo por el que ha exigido a la Administración por escrito que «suspenda efectivamente la integración del personal en las agencias del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –plantilla proveniente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de los consorcios comarcales Utedlt–y Andaluza de Instituciones Culturales». Safja reclama, asimismo, que se cese al personal externo de los antiguos Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y Faffe, «en todas aquellas labores que se lleven a cabo en centros de trabajo de la Administración General de la Junta». Su listado de reivindicaciones incluye también que dicho personal «deje de percibir retribuciones con cargo a las partidas presupuestarias de la comunidad autónoma andaluza, en tanto en cuanto no se dicte sentencia sobre la cuestión principal del litigio objeto de la suspensión cautelar citada», explican.

En la misma línea, piden a la Junta que «se retiren todas las claves informáticas al personal externo», por no haber accedido a la función pública «rigiéndose bajo los principios de la igualdad, mérito y capacidad», además de «estar desempeñando funciones que implican el ejercicio de potestades públicas, con la grave afectación al interés general que ello puede suponer», argumentan desde el Safja.

Al margen de estos escritos, que presentarán en el resto de las provincias andaluzas durante la semana, el sindicato no descarta tomar nuevas medidas legales contra el Ejecutivo regional y en defensa «de los derechos de los funcionarios». La postura de la Junta en torno a la polémica reforma del sector público la verbalizó ayer su portavoz, Mar Moreno. Según defendió: «Toda reforma, sobre todo cuando tiene que ver con personal o con función pública, siempre es compleja jurídicamente y suscita controversias con los distintos colectivos afectados». Según la consejera, entra dentro «de la más absoluta normalidad» las demandas y los contenciosos que esta reforma ha provocado. Moreno parece tener claro el camino sin retorno a seguir: «Al final siempre se produce una base de jurisprudencia que termina de aquilatar el modelo».