«Tengo amigos etarras pero aquí no ha habido extorsión»

Franceses llegados de la frontera se acercan a comprar cigarrillos y puros Montecristo, que la dueña coge ágilmente de lo alto de las baldas, detrás de una estrecha barra de bar. Mientras un padre espera, una niña pequeña en brazos le señala un azulejo de la pared grabado en español. Quiere que se lo traduzcan. «Cuando mandaba Franco, todo el dinero en el banco. Cuando mandaba Suárez, letras a pares. Cuando mandaba Calvo Sotelo, todos al suelo. Cuando mandaba Aznar, la ruina total», lee la dueña muy sonriente, encandilada con la pequeña. Sale a echar a un perro, los clientes se olvidan de cerrar la puerta cuando van a la terraza a fumarse el cigarrillo. «Espero que llegue pronto el buen tiempo, porque los clientes pasan frío», comenta.

Bienvenidos al bar Faisán, en Behobia, barrio del municipio guipuzcoano de Irún. Lejos queda ya esa imagen, en 2006, del local precintado como se precintan las casas para alejar a la gente del crimen. Cuesta imaginar que, en ese escenario, se fraguara la gestión del impuesto revolucionario sobre empresarios vascos y navarros para hinchar las arcas de ETA. Dinero que la banda utiliza para sembrar sangre.

Carteles solidarios
Lo único que pinta a muerte en ese bar es la figura disecada de una codorniz, junto a una antigua máquina de cobrar. Es difícil visualizar al propietario, Joseba Imanol Elosúa, «trabajando» junto a varias fotografías de guardias civiles durante la República y recibiendo el chivatazo de la operación para desmantelar su trama de extorsión. Los únicos carteles reivindicativos tienen como protagonista el conflicto saharaui. «S.O.S Sáhara», piden. Quizá por eso fuera el lugar ideal.

 Mudas resultan las últimas noticias de que el juez Ruz haya impulsado el caso para que Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero y ministro de Interior del Gobierno, desvele si su Ministerio estuvo implicado. Quién usó los móviles y el teléfono fijo, a nombre de la Subsecretaría de Estado de su departamento, que recibieron llamadas de dos de los imputados por el soplo antes, durante y después de que se produjera la delación de la banda el 4 de mayo de 2006. Información que rebota en las paredes del bar Faisán, porque no hay televisión.

La dueña (mujer de Elosúa) se acerca a una pareja de ancianos que terminan de comer en silencio su postre de piña. Al poco tiempo el señor se levanta para saludar a una chica de la mesa de al lado, que le cuenta cómo esa mañana ha recogido a un perro abandonado para cuidarlo. «Haces bien, pobrecillo», responde. ¿Un cliente? «Soy el padre del dueño», responde. Cuando se mueve, sus pasos reflejan una quietud del que ya prefiere hacer una introspectiva vital, en vez de actuar. Parece que no sabe si piensa o habla. «Este bar tiene 46 años», comenta.

Señala las fotos de la pared. «Yo quise poner más, pero no me dejaron». Acto seguido, el señor revela: «lo del caso Faisán es todo una mentira». Habla tan para sí mismo que es casi imposible entender algo. «Mi hijo no tuvo nada que ver con esto». Según el padre de Elosúa, la teoría del chivatazo es «absurda». «Si llevaba mucho tiempo fichado por la Guardia Civil, no tenían más que levantar las cartas y le pillan con las manos en la masa, o dejándolas en los buzones».

Su mujer lo interrumpe para indicarle que le llaman. Quizá sea que esté hablando demasiado, porque nada más regresar informa que se tiene que marchar. No sin antes dar su versión sobre el «conflicto vasco». «Sé que ETA ha traído muchas víctimas, pero la gente no se da cuenta que durante la Transición se trató muy mal a los vascos». Su mirada reflexiva se vuelve hostil. «Aquí no ha habido extorsión, de eso estoy seguro. Tengo amigos etarras, pero nosotros no lo somos».

Se aleja, como un cliente más, entre los que entran y salen del bar Faisán.