Audiencia Nacional
El PSPV sorprende con petición insólita
La acusación socialista sorprendió ayer con una actuación insólita al solicitar para el presidente Francisco Camps una pena por cohecho propio cuando la instrucción realizada por el juez José Flors se está desarrollando por cohecho impropio, que tiene como pena, si resultara condenado, una falta con tres a seis meses de sueldo.
Valencia- Sin embargo, el abogado que representa a la acusación particular, el PSPV, pidió que sea acusado de un delito de «cohecho propio por el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación de cargo público, según se expone en el escrito, remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que juzga a Camps y a otros cargos del PP valenciano por recibir supuestamente regalos de la trama Gürtel, trajes y otras prendas de vestir, también pide una multa para el president de 46.000 euros.
Esta pena supera la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía una multa de 41.250 euros para el president de la Generalitat por un «delito continuado de cohecho en relación con el caso Gürtel.
La pretensión socialista es aplicar el un delito de cohecho del artículo 420 del Código Penal, según explicó el portavoz del PSPV en Les Corts, quien precisó que este artículo se refiere al funcionario o autoridad que recibe regalos por la realización de un acto injusto que no es delito, pues entienden que a lo largo del procedimiento en el TSJCV y también en el seguido en el TSJ de Madrid, se ha puesto de manifiesto cómo, coincidiendo con los regalos de los trajes, se produjeron adjudicaciones
La reacción de los populares no se hizo esperar y hasta la secretaria general, María Dolores Cospedal, instó al PSOE a preocuparse por los ERE irregulares detectados en Andalucía en lugar de por el president de la Generalitat, Francisco Camps.
En este sentido, añadió que si, vista la pena de tres años de cárcel que solicita para el presidente valenciano, Francisco Camps, el PSOE pedirá la cadena perpetua «para los suyos» en Andalucía por el caso de los ERE irregulares.
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