Los fiscales critican el papel de Pumpido en el Consejo de Ministros

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, compareció ayer ante el Consejo Fiscal para rendir cuentas de su presencia en el Consejo de Ministros del pasado día 4, cuando el Gobierno decretó el Estado de Alarma para hacer frente a la espantada de los controladores

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Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, la reunión del máximo órgano consultivo de la carrera fiscal fue una balsa de aceite. Sus vocales, explica la nota, dieron por buenas las explicaciones de Conde-Pumpido, que consideraron «suficientes» y «satisfactorias». Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que los seis vocales de la Asociación de Fiscales mostraron su desacuerdo con el papel asumido por Conde-Pumpido durante la crisis de los controladores. Las fuentes consultadas –que tachan el comunicado oficial de «totalmente inexacto» y acusan a la Fiscalía General de «mentir de forma notable» acerca de este particular– insisten en que el Consejo Fiscal «no adoptó ningún acuerdo con respecto a este asunto». Y menos aún que expresara su satisfacción con los argumentos esgrimidos por Conde-Pumpido, añaden.

Los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, en sintonía con la postura defendida públicamente por su agrupación estos días, se quejaron de que, al dar su opinión sobre el decreto de alarma, el fiscal general «se extralimitó» pues, recuerdan, el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «sólo le autoriza a informar al Consejo de Ministros, y no a asesorarle sobre el decreto de alarma». Además, añaden esas mismas fuentes, que calificara penalmente los hechos en comparecencia pública «no se compadece con la imparcialidad que se le exige al fiscal general, además de no respetar la presunción de inocencia de los controladores aéreos».

Precisamente un grupo de controladores aéreos andaluces ha encargado un informe a un despacho de abogados, Luis Romero y Asociados, para dilucidar si el Gobierno pudo incurrir en prevaricación, amenazas, coacciones y un delito contra los derechos cívicos al decretar el Estado de Alarma. Las primeras conclusiones del citado informe apuntan a que, pese a la «apariencia de legalidad» que el Ejecutivo dio a sus decisiones, esos acuerdos pudieron «vulnerar» la Constitución.