Los gastos de los rescates por imprudencia en el mar serán pagados por el usuario

 La época veraniega en la que nos encontramos es muy dada a los baños en los mares que besan las hermosas costas de la Región de Murcia. Sin embargo, en ocasiones, esta sana práctica se convierte en una operación de riesgo cuando los ciudadanos no siguen las recomendaciones que se ofrecen desde Protección Civil para evitar desgracias. Esta desobediencia de las advertencias oficiales deriva en muchas ocasiones en rescates en los que se pone en peligro tanto la vida de los bañistas como la de los profesionales que se ven en la obligación profesional de actuar por salvar a algún habitante que ha cometido una imprudencia.
Al respecto, la Comunidad Autónoma, por medio de la Consejería de Presidencia, tiene la intención de que este acto peligroso conlleve el pago de una tasa por parte del ejecutor de la imprudencia que se correspondería con el gasto que hayan generado las tareas de salvamento. Dentro de este ámbito, el consejero de Presidencia, Manuel Campos, declaró a LA RAZÓN que «el Gobierno regional trabaja en la actualidad con una ordenanza del año 2008 perteneciente al Consorcio de Extinción de Incendios que está en vigor y ya contempla el cobro de unas tasas».
No obstante, la intención que maneja el Gobierno murciano es la de ampliar la actuación a todos los servicios de emergencias. Habida cuenta de que esta práctica se encuentra sujeta al principio de legalidad tributaria, los servicios jurídicos de la Comunidad se encuentran trabajando en la actualidad en la catalogación de las actividades de riesgo, analizar aquellas actividades que no son de riesgo pero que se llevan a cabo cuando se activa el protocolo de actuación, especificar las zonas peligrosas y los supuestos de simulación de riesgo y los supuestos que no impliquen el pago de ninguna tasa como los casos de fallecimiento.
Campos reiteró que la ley se encuentra a día de hoy en una fase de estudio y valoración que, una vez finalizada y obtenidos los resultados de la misma, servirán para que, por medio de la ley de acompañamiento, se pueda aprobar la nueva legislación para que tenga una incidencia directa en los presupuestos. De ser así, el objetivo que el Gobierno busca alcanzar es la compensación de los gastos que se derivan por acometer actuaciones de salvamento que se deben a las consecuencias de actos imprudentes. En cuanto a la entrada en vigor de la misma, el responsable de Presidencia estimó que la ley pueda estar aprobada para finales del presente año o principios del próximo, por lo que ya se podría ejecutar con pleno rendimiento de cara a la campaña de verano de 2013. Por otra parte, los técnicos de la Comunidad también están comparando otras normativas que están vigentes y, al respecto, Campos declaró que «en el País Vasco se cobra una tasa de 37 euros por agente operativo, 39 euros por vehículo actuante, 2.155 euros por helicóptero y 2.077 por embarcación con más de 18 metros de eslora». Por lo que se refiere al objetivo que persigue la medida, el consejero detalló que «se buscar concienciar a la ciudadanía de que los servicios de emergencias prestan un servicio muy importante pero que también implica un gasto muy grande y que la utilización de esos efectivos no se puede provocar caprichosamente».
Con este propósito, aclaró Campos, se están catalogando los actos sobre los que incidiría la ley y aquellos que no son de riesgos, así como calificar las zonas de actuación en función de la peligrosidad de las mismas. Además, para coordinar debidamente la actuación de la futura legislación los técnicos de la Consejería de Presidencia mantendrán una reunión preparatoria con sus homólogos de la Consejería de Economía.
Por otra parte, el consejero quiso dejar constancia de que la adopción de la medida no obedece a un criterio recaudatorio sino de concienciación social sobre el coste que supone la puesta en funcionamiento del protocolo de salvamento por parte de los servicios de emergencias.
Además, aunque estas actuaciones de suelen acumular especialmente durante los meses de verano a causa de las imprudencias que se realicen en el mar, la ley también contemplará otros escenarios como es el caso de los incendios o los rescates en montes, sierras o montañas, actividades que se llevan a cabo con cierta regularidad a lo largo de todo el año dentro de los parques de la Región de Murcia.