Todavía sin noticias de las multas un mes después

Según el Ayuntamiento, para controlar el acceso y la salida de vehículos del centro se han instalado un total de 20 cámaras –11 de entrada y 9 de salida– de «visión artificial», que graban las matrículas de los coches. Estas cámaras están conectadas con el Centro de Control de Tráfico y con los aparcamientos subterráneos del casco histórico. Del 21 de octubre al 17 de diciembre se estableció un «periodo de adaptación y conocimiento de la normativa por la ciudadanía».

Durante este tiempo, en teoría, se informó a los conductores infractores de la necesidad de cumplir la normativa y, a partir del 17 de diciembre, supuestamente, se empezaría a sancionar. No obstante, el delegado de Movilidad, Francisco Fernández, ya reconoció «problemas» para notificar las infracciones.

Con las cámaras de la Ronda Histórica que controlan que los vehículos privados no utilicen el carril destinado a los taxis y autobuses ya pasó algo parecido. Cuando LA RAZÓN de Sevilla informó, citando fuentes policiales, de que no funcionaban, el delegado de Movilidad, en principio, lo negó. Posteriormente, y al requerírsele el número de sanciones impuestas, tan sólo cinco segundos después, pasó a reconocer que efectivamente no funcionaban porque «confiamos en los ciudadanos» y «actúan de modo disuasorio». Todo apunta a que las cámaras del centro, al menos de momento, tengan la misma finalidad. El Ayuntamiento, de hecho, no informa de las multas impuestas.

En su día, Fernández realizó un primer balance de la aplicación del «blindaje» del centro, aún en el periodo de pruebas. Entonces, aseguró que se habían detectado 5.000 infracciones en sólo diez días, es decir, unas 500 por jornada. Por ello, resulta sorprendente que con este elevado nivel de multas –ya sea en la fase inicial informativa o en la actual sancionadora– no se conozcan casos de ciudadanos que hayan sido «castigados» con los 70 euros de rigor. Ello lleva a pensar que, o bien las cámaras no funcionan debidamente, como aseguran fuentes de la Policía Local, o bien el Gobierno local está «haciendo la vista gorda» ante una medida ciertamente impopular.