Por qué el PSOE da la espalda a una comisión de investigación

Sevilla- El PSOE se negó el jueves a que el Parlamento andaluz diera luz verde a una comisión de investigación que aclare los puntos ciegos sobre la trama de los expedientes de regulación de empleo. Es la enésima vez que este grupo vota en contra de una iniciativa de este tipo. La oposición contabiliza más de un centenar de negativas en los treinta años de democracia. En esta legislatura han cundido los ejemplos: el «caso Matsa» –por la subvención de más de 10 millones de euros que la Junta concedió a la empresa que apoderaba una hija de Chaves–, el «caso Velasco» – 700.000 euros recibió la empresa de la mujer del dimitido «número dos» socialista– o tramas de corrupción como la «Operación Poniente» se han topado con la mayoría absoluta del Partido Socialista.
¿Por qué teme la Junta una comisión de investigación? Esta misma pregunta se la hizo en la última sesión plenaria el líder del PP-A, Javier Arenas, al presidente de la Junta. Griñán contestó que lo que pretenden los populares es una «comisión de difamación» y seguir «mintiendo» con el respaldo de la inmunidad parlamentaria. Otros dirigentes del PSOE han señalado que no están dispuestos a un «juicio paralelo» al margen de los tribunales.
Hay, sin embargo, razones ulteriores. Para empezar, una comisión de investigación ampliaría el foco mediático sobre un caso que está poniendo al Gobierno andaluz al borde del abismo. Además, posibilitaría, tal y como recoge el Reglamento de la Cámara en su artículo 52, «requerir la presencia, por conducto de la presidenta del Parlamento, de cualquier persona para que sea oída». O, lo que es lo mismo, que personas que en este momento son señaladas piezas clave en la trama como el «conseguidor» Juan Lanzas; el ex director general de Trabajo de la Junta que gestionó el «fondo de reptiles», Francisco Javier Guerrero; el ex delegado provincial de Trabajo Antonio Rivas, imputado en el «caso Mercasevilla»; o el comercial de Vitalia que se repartió con Lanzas una falsa prejubilación, Francisco González, pudieran desfilar por el Parlamento.
Asimismo, una comisión de investigación profundizaría en asuntos concretos a través de la creación de ponencias y grupos de trabajo específicos y a la Junta no le quedaría más remedio que entregar a la oposición documentos que en este momento sólo reserva para el requerimiento de la juez instructora, como los informes jurídicos que supuestamente avalaban el convenio firmado en julio de 2001 entre Empleo y el IFA para sacar del BOJA y del Consejo de Gobierno las partidas para prejubilaciones. Las conclusiones –plasmadas en un dictamen–, pese a que no serían vinculantes ante los tribunales, sí podrían trasladarse al Ministerio Fiscal.