Política de Estado al final de la vida por José Miguel SERRANO

Si aceptamos la afirmación de que los ideólogos del actual estado más que buscar súbditos lo que pretenden es encontrar cómplices, entenderemos bastante de lo que acontece con la variedad de normas en torno a lo que ellos llaman «muerte digna» que han aparecido en varias regiones y ahora amenaza en la legislación nacional. Aun abandonándose el rótulo de «muerte digna» que tantas suspicacias despierta, con razón, entre nuestros ciudadanos más vulnerables, los progresistas han venido con varias constantes que muestran que las actuales legislaciones son un primer paso en una pendiente que conduce al homicidio intencional con coartada humanitaria.

Así se abandona la vigilancia técnica sobre la sedación. Lo relevante no es ahora si es contraindicada o excesiva, ya la Fiscalía primero y los tribunales después a través del método de la prueba imposible habían convertido estas conductas de facto en impunes lo relevante será si es reclamada como un derecho por un paciente y la discusión no será indicación o no, sino concesión del derecho o negación del mismo. Así se entiende la aversión a la objeción de conciencia que parece como una negación, como en el caso del aborto, a un legítimo deseo individual.

La falsedad de este derecho se prueba en su conveniencia. Se reivindica retóricamente la autonomía de sujetos que apenas pueden ejercerla para imponer una política de estado que sustituye la atención piadosa por la abstención piadosa, por decirlo suavemente.

Ya la primitiva redacción de la norma andaluza avisaba que determinadas acciones o abstenciones no eran ya objeto de análisis deontológico, sino que se insertaban o no en una nueva ideología de la falta de atención sanitaria.

El medio consiste en desviar la atención de los verdaderos riesgos y en invertir la moralidad. En sentido estricto, el riesgo de la vida desfalleciente es la falta de cuidado y su eliminación, la conducta moral es precisamente la atención. Por el contrario, parece que ahora el Estado sostiene que el riesgo es que unos médicos sádicos inviertan demasiados recursos en hacer sufrir a un paciente (estos médicos siempre tan dilapidadores) y la conducta moral es la de quien se libra, con todas las bendiciones legales, de la presencia de quien inevitablemente es un fardo. Basta ver las moralizaciones que se realizan en el nivel internacional de las conductas de homicidas por compasión, mientras se oculta en rostro de quienes durante años atienden, cuidan y mantienen a algún ser querido o a quien ha sido puesto bajo su tutela y cuidado. Por eso no es exagerado que la Fundación Ángel Herrera haya denominado «Asaltos a la vida humana» sus jornadas sobre eugenesia y eutanasia que están teniendo lugar en Valencia.

José Miguel Serrano es profesor de Filosofía del Derecho