Cataluña

La Diputación de Barcelona indaga antiguos sobresueldos a altos cargos

El órgano retendrá los importes hasta que se verifique su legalidad

El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve
El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Estevelarazon

Barcelona- La Diputación de Barcelona está investigando si desde 2004 se han pagado en la corporación sobresueldos a varios de sus cargos, aunque aún desconoce a cuántos afecta e incluso la cuantía total. En 2004, cuando este organismo estaba presidido por José Corbacho, un decreto de Presidencia de la Generalitat, que en aquel momento ocupaba José Montilla, estableció que los cargos del ente que dejaban alguna responsabilidad –pero continuaban en nómina– mantenían catorce pagas de su anterior sueldo durante diez años tanto si bajaban cómo si subían de categoría, aunque el complemento se reducía año a año un 10 por ciento.
Por ello, la Diputación, presidida ahora por el convergente Salvador Esteve, ha abierto una investigación sobre el mencionado blindaje salarial. De hecho, el organismo ha decidido retener el importe de estas retribuciones hasta que se verifique la legalidad. La caja de los truenos se destapó después de que a finales de septiembre el pleno de la Diputación aprobó, con el apoyo de todos los grupos salvo el PSC, abrir un expediente de revisión del decreto del 2004. Después de las últimas elecciones municipales, cuando Esteve accedió a la presidencia de la institución, ordenó dejar de aplicar esta medida, que se denomina «mochila», hasta que se verifique su validez jurídica, según publicó ayer «La Vanguardia». La intención es analizar si este sistema incurre en ilegalidades, algo que se está encargando de estudiar la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat.
Los mencionados complementos podrían ser ilegales por varios motivos: en primer lugar, porque fueron adoptados por la presidencia de la Diputación cuando el órgano competente era el pleno; en segundo lugar, porque se trata de unas retribuciones que escapan al marco legal de las administraciones locales del cual la Diputación no podía desentenderse por su cuenta y riesgo.
Pocas horas después de que el caso saltara a la luz, el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, dio unas sucintas explicaciones sobre la «mochila» y matizó que la medida «sólo afecta a funcionarios». «No es una decisión política ni afecta a políticos. Además, con el cambio de gobierno de la Diputación ningún cargo que tuviera responsabilidad se ha acogido a esta medida».