La Junta externaliza más personal: pide telefonistas para un ente de educación

Además, en pleno proceso de cambios del sector público, desde la Consejería de Hacienda se ha instado a frenar las contrataciones a la espera de ver cómo queda la reestructuración definitiva.

Sin embargo, el proceso no se ha frenado. Distintos entes han recurrido a las licitaciones públicas para, en la práctica, ampliar sus plantillas de manera coyuntural o incluso de forma permanente. El último en recurrir a este sistema ha sido el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), una entidad de Derecho Público adscrita a la Consejería de Educación.

Esta sociedad pública ofrece 464.695 euros para que una empresa preste el servicio de recepción y atención telefónica en las ocho delegaciones provinciales andaluzas más los servicios centrales con sede en el municipio sevillano de Camas. Nueve personas sometidas a un horario preestablecido –de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 horas–, que desarrollarán su trabajo en sedes administrativas de la Junta pero que estarán contratadas por una empresa externa, cuya única vinculación con la Administración es un contrato de prestación de servicios obtenido en un concurso público.

El pliego de prescripciones técnicas es tan detallado que el personal externo será el que se encargue «del control de las entradas y salidas de las personas», la «apertura y cierre de las dependencias», la «conexión de la iluminación, climatización o alarmas de seguridad», «gestión de mensajería», o incluso «facilitar información general, verbal o telefónicamente, sobre el funcionamiento o actividad desarrollada en la dependencia a que se encuentre adscrito». Las funciones son tan amplias que no se limitan a mantenimiento o seguridad, algo que sí es habitual que se subcontrate.

Esta convivencia con personal externo ha sido denunciado por los sindicatos de funcionarios en más de una ocasión. Entre las enmiendas presentadas por los grupos políticos al decreto 6/2010 también se exige que se clarifique esta situación.

El PP propone que se añada una Disposición Adicional Duodécima para que «en las sedes administrativas y dependencias de la Administración de la Junta y de las agencias, no podrán desempeñar su jornada laboral autónomos o personal de empresas contratistas, que suscriban un contrato de servicios con la Junta».

Por su parte, IU añade una Disposición Adicional Decimotercera rotunda: «Prohibición de utilización de sedes administrativas por contratistas».