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El Estado asumirá los 5367 millones de ajuste sin subir el IVA
Madrid- Las comunidades autónomas pueden respirar tranquilas. El recorte adicional de 5.367 millones de euros impuesto por Bruselas al fijar en el 5,3% el objetivo de déficit para 2012 –y no el 5,8% que pretendía el Gobierno– recaerá sobre todo en la Administración General del Estado. Y aunque de momento no se sabe cómo se conseguirá el ajuste, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sí dijo ayer que saldrá de la renuncia de «proyectos de gastos» y de «instrumentos fiscales equilibrados».
Montoro fue el encargado de defender ante la Cámara Baja el techo de gasto previsto para 2012 en 118.565 millones, un cuadro macroeconómico que incluye una previsión de déficit cinco décimas por encima de las exigencias del Eurogrupo, y para el que el PP sólo contó con el apoyo de UPN. CiU, PNV, UPyD, CC y Foro se abstuvieron, mientras el resto de los grupos, incluidos PSOE e IU, votaron en contra. Fue en este contexto en el que el ministro descartó subidas de impuestos «inequitativas e injustas», esto es el IVA, pero avanzó que habrá que hacer uso de otros instrumentos fiscales más justos y ponderados. «Descartamos –afirmó– subidas de impuestos inequitativas, injustas y que profundicen la recesión económica, pero no hacer uso de instrumentos fiscales de manera ponderada, equilibrada y justa socialmente. Las cargas del ajuste no recaerán sobre los más débiles».
El esfuerzo extraordinario que tendrá que acometer el Gobierno central tras la cifra impuesta por el Eurogrupo supone adelantar un ajuste que en todo caso habría sido necesario hacer en 2013, fecha en la que el déficit público del conjunto de las administraciones no podrá superar el 3 por ciento del PIB, un objetivo que para el PP se mantiene «irrenunciable». Dicho en palabras de Montoro: España garantiza su «compromiso» con la consolidación fiscal, la estabilidad presupuestaria y la austeridad mediante unas previsiones de déficit realistas, lo que «permitirá al país acceder a la financiación de los mercados internacionales, acabar con el déficit estructural y garantizar los servicios públicos. Por todo ello, celebró que la UE haya admitido los nuevos objetivos de déficit, fijados inicialmente en el 4,4%, para adecuarlos al escenario de recesión económica de este año.
No opina lo mismo, claro está, el PSOE, aunque su portavoz en Presupuestos, Joan Rangel, no atinara a explicarlo desde la tribuna del Congreso y, además, renunciara a más de la mitad del tiempo que le correspondía. Al menos, la portavoz del grupo, Soraya Rodríguez, había fijado con meridiana claridad su posición horas antes: «Para cumplir con el objetivo de déficit el Gobierno subirá el IVA, despedirá a empleados públicos y recortará las prestaciones por desempleo».
Nada que ver con lo que Montoro dijo que serán los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno aprobará el día 30 y que, en todo caso, serán consecuencia del legado que dejó el PSOE. El ministro, que acusó a los socialistas de infundir miedo, responsabilizó al partido de Rubalcaba de la desviación de déficit: «Los que tienen la culpa, ahora advierten de las consecuencias del ajuste. ¿De verdad pretenden dar miedo a la sociedad española?», se preguntó antes de concluir que «miedo» es lo que dan los más de cinco millones de parados, un déficit público del 8,5 por ciento, haberse gastado 35 puntos de PIB, que los autónomos y pymes no tengan crédito bancario y que no se cobre de las administraciones públicas. «A eso hay que responder», zanjó el ministro.
9.313 millones de déficit en enero
El Ministerio de Hacienda hizo público ayer el avance de los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al mes de enero, que reflejan un déficit de 9.313 millones de euros, el equivalente al 0,87% del PIB. Los gastos no financieros ascendieron a 13.622 millones, frente a unos ingresos de 4.309. El Ministerio aclara en una nota que estas cifras «no son indicativas de la evolución que puedan seguir las cuentas públicas» este año, ya que la recaudación no está aún afectada por la subida de impuestos y por las medidas aprobadas el 30 de diciembre.
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