Roca lamenta que se le pida más cárcel a él que al asesino de Mariluz

MÁLAGa- El juicio de la «Operación Malaya» contra la presunta trama de corrupción en torno al ayuntamiento malagueño de Marbella quedó ayer visto para sentencia tras una sesión, la 199, en la que 17 de los 86 procesados ejercieron su derecho a la última palabra. Entre los que hablaron, el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, que en su alegato lamentó «profundamente» el daño ocasionado a la localidad.

Roca reconoció expresamente el perjuicio casuado «a los ciudadanos» a raíz del procedimiento juzgado, al incidir en que «el nombre de Marbella se ha visto asociado en los últimos años inexorable y negativamente a esta causa».

Además, subrayó que «se ha pretendido reescribir mi pasado de una forma un tanto parcial, incluso mi pasado muchos años antes de vincularme con el Ayuntamiento de Marbella».

El que fuera durante más de una década gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella apeló a la necesidad de «reflexionar» sobre su situación penitenciaria; en este sentido, recordó que además de llevar más de seis años encarcelado, la Fiscalía Anticorrupción pide para él treinta años de prisión, frente a reclusos como el asesino de la niña de Huelva Mariluz Cortés, Santiago del Valle, «condenado a veintidós años» por un delito «de sangre».

Según Roca, el propio del Valle «me preguntó qué delito había cometido yo para enfrentarme a una pena mayor», al igual que otro preso condenado a catorce por el asesinato de su mujer «a quien ya se ha concedido el tercer grado penitenciario».

Por otra parte, quiso agradecer al presidente del Tribunal que ha juzgado el macroprocedimeinto el trato «extraordinario y exquisito» recibido durante la celebración del mismo.
Por su parte, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, lamentó que se le reconozca «como un ladrón porque a un iluminado de Dios y la justicia le ha dado por decir eso», pese a «no tener condenas por quedarse con dinero».

Además, la ex portavoz socialista Isabel García Marcos defendió entre lágrimas su inocencia y pidió al Tribunal que le «devuelva la fe en la Justicia».

Por su parte, el presidente del Tribunal aseguró que la Sala dictará, en el plazo aproximado de seis a ocho meses, una sentencia «justa» con «absoluta independencia e imparcialidad».
Godino defendió el esfuerzo del Tribunal por atender las peticiones de las defensas, para «subsanar en la medida de lo posible las deficiencias que se hubiesen producido en tan compleja instrucción».