La Fiscalía se une a la defensa de Garzón y pide anular el proceso

Duro, no, durísimo, el alegato del fiscal jefe de una de las secciones de lo Penal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, contra el magistrado Luciano Varela, instructor de la querella por prevaricación contra Baltasar Garzón por asumir la competencia para investigar desapariciones de víctimas del franquismo. Y, a la vez, lanzó otro duro mensaje contra la acción popular, ejercida en esta por el colectivo Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, cuando ésta defendió su legitimidad para sostener la acusación por tratarse de un «interés público». «La defensa de los intereses públicos está otorgada al Ministerio Fiscal y no necesita de acusaciones ni de adhesiones para ello. Nos basta y nos sobra para defender los intereses públicos y la legalidad», incidió Luis Navajas, quien terminó al respecto su mensaje a la acción popular con un «¡que no se nos sumen al pelotón corredores adhesivos, porque no nos hacen falta!».

Con todo ello, apoyó a la defensa de Garzón, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, en su pretensión de que la Sala Penal del Supremo anulase el proceso y no se tuviese siquiera que llegar a la declaración del juez imputado de prevaricación.

Ministerio Público y defensa coincidieron en que había tres motivos que justifican esa decisión: considerar nula la providencia del juez Varela en la que ampliaba el plazo a la acción popular para que presentara un nuevo escrito donde «corrigiera» determinados aspectos y recogiese otros en su lugar, la nulidad del escrito de acusación por entender que no reunía los requisitos mínimos exigibles, y, en tercer lugar, entender que la acción popular no está legitimada para acusar en esta causa.

En este punto, sostuvieron que lo correcto hubiese sido que la Sala aplicase desde el principio la conocida como «doctrina Botín», aquella que establece que cuando hay perjudicados directos y no ejercen la acusación ni éstos ni el fiscal, no se puede abrir juicio oral sólo con la acción popular. En cambio, los magistrados que resolvieron con anterioridad los recursos coincidieron con Varela en que lo correcto era aplicar la «doctrina Atutxa», ya que al no haber perjudicados directos, la acción popular es suficiente para ejercer la acusación.

La acción popular, por su parte, solicitó que se rechazasen todas las cuestiones planteadas, que, aseguró, ya fueron resueltas en la fase anterior. Además, el abogados Joaquín Ruiz Infante solicitó a la Sala que no haga una «interpretación restrictiva del derecho constitucional» que contempla el ese derecho a la acción penal.

El primero en intervenir fue la defensa de Garzón, que destacó que, tras la ampliación del plazo que otorgó Varela a la acción popular para presentar el escrito de acusación, ésta se limitó a hacer una «copia de corta y pega» de la resolución de instructor, hasta el punto, incidió, en que se copiaron «hasta las mismas erratas».

Tampoco ahorró críticas al juez instructor: «Reorientó la acusación que era defectuosa», «vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad», fueron algunas de las frases dirigidas al juez Varela.

El fiscal Navajas tampoco ahorró duras críticas al citado magistrado, cuya actuación tildó de «insólita e insostenible», para, a continuación, hacer patente ante todos los asistentes que no había visto «nada igual en mis 36 años de Carrera».

Así, recalcó que algunas resoluciones del instructor causaron verdadera indefensión en Garzón. En este punto, aludió a que lo que hizo fue «castrar» el escrito de acusación y depurar los elementos que no debían figurar. Para justificar el nuevo plazo que otorgó Varela a la acción popular utilizó un símil taurino: lo que hizo fue «devolver el toro a los toriles, porque el morlaco que salía no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera». Y ello, concluyó, «excediéndose en sus funciones»

El defensor
- El abogado Gonzalo Martínez Fresneda, defensor de Garzón, planteó cuatro motivos para que se declarase la nulidad del proceso. En su opinión, se vulneró el principio acusatorio y el juez Varela, con su actuación, «reorientó una acusación que era defectuosa. El instructor «tomó partido y perdió su imparcialidad. Afirmó que las resoluciones de Garzón en el «caso de las fosas» no fueron «injustas», sino que «son compartidas» por distintos juristas.

El Fiscal
- EL fiscal jefe de lo Penal Luis Navajas no escatimó críticas al juez Varela, que se pueden resumir en una frase: «La actuación del magistrado instructor, utilizando un verbo moderado, era una actuación verdaderamente insólita por provenir de un miembro de la Carrera Judicial y por las consecuencias que tuvo». También criticó al juez por crear una «auténtica indefensión» a Garzón y llevar a cabo una actuación «insólita e insostenible» durante su instrucción.

La acusación
- La acusación, ejercida como acción popular de forma conjunta por el colectivo de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, pidió que se rechazasen todas las cuestiones planteadas por la defensa y avaladas por el fiscal. El abogado Joaquín Ruiz Infante señaló que eran aspectos sobre los que ya se pronunció la Sala que iba a juzgar el caso en un principio e hizo un llamamiento a los magistrados a no realizar una interpretación «restrictiva del derecho constitucional» ala acción popular. Pide 20 años de inhabilitación para Garzón.

Fe de errores
En la noticia «Los "pro Garzón"se embolsan 6,1 millones», publicada ayer, se informaba erróneamente de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y sus delegaciones habían recibido 4,3 millones. La citada asociación es independiente de cualquier organización autonómica o provincial y no tiene delegaciones, por lo que esos millones no son sólo de la ARMH, son la suma de las demás. De ellos, la ARMH recibió 401.000 euros.