Convalidado el decreto de los ajustes sin tiempo para que el PP lo revise

Sevilla- El martes a mediodía el Consejo de Gobierno aprobó la modificación del decreto del plan de ajuste andaluz para cumplir con el objetivo de déficit y que como principal novedad recoge la derogación de varios artículos del texto original para que los empleados públicos andaluces cobren íntegra la paga extra de verano. La oposición no lo tuvo hasta última hora y ayer mismo fue debatido y convalidado en el Parlamento. De esta premura y de las formas se lamentó el diputado del PP Rafael Ruiz Canto. No fue su única queja: «Llevamos mucho tiempo diciendo tonterías y los ciudadanos ya están hartos», dijo.

La sesión parlamentaria de ayer sirvió para escenificar el desencuentro entre las formaciones y la falta de unidad. El diputado popular criticó además el «sinsentido» de la Junta cuando se queja de los recortes del Gobierno central mientras hace lo mismo en Andalucía. En el caso concreto de los empleados públicos, calificó de «sinsentido» la decisión del bipartito de reducir salarios y quitar complementos en lugar de reducir empresas públicas y limar las duplicidades existentes con la Administración autonómica. E instó al Ejecutivo a decir la verdad, ya que la afectación salarial en las nóminas de los funcionarios que dependen de la Administración regional se mantendrá durante 2013 –forma parte del plan de reequilibrio que llega hasta 2014–, mientras que la retirada de la paga extra de Navidad es sólo para este año y se recuperará en un fondo para la jubilación.

Ruiz Canto también recriminó la actitud de IU, encerrada desde el martes en el Parlamento en protesta por los ajustes: «¿Cuándo se van a manifestar contra sus propios recortes?». Sólo el diputado Juan Manuel Sánchez Gordillo votó en contra de los ajustes autonómicos.

Precisamente el diputado de IU José Ignacio García señaló que para su formación existen dos líneas rojas: «la privatización de servicios públicos y el despido de trabajadores».

Por parte del PSOE, José Caballos insistió en que la política del PP «mutila» la Constitución y el Estatuto de Autonomía.