Bruselas

Un centenar de agricultores tiran 200 kilos de tomate contra la sede de la UE en Madrid

Alrededor de 150 agricultores andaluces han arrojado cerca de 200 kilos de tomate contra la fachada de la sede de la Comisión Europea en Madrid en protesta por el acuerdo agrícola con Marruecos, que se vota esta semana en el pleno del Parlamento Europeo.

El acto de protesta se ha producido en el marco de la concentración, organizada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), contra el citado acuerdo y que se repetirá mañana con productores de Murcia y el jueves, último día del pleno de la Eurocámara, con los procedentes del valle del Ebro.

El secretario de organización de COAG, Miguel Blanco, ha destacado a los periodistas ante la sede de las instituciones comunitarias en Madrid que España será quien "pagará caro"el acuerdo propuesto por Bruselas, ya que a su juicio pone en peligro la mitad de los empleos del sector en España y un tercio de la producción, 13.600 millones de euros anuales.

Según los datos de COAG, el convenio con Marruecos hace peligrar más de 450.000 unidades de trabajo agrario, y solo para el contingente del tomate, están en riesgo entre 3.500 y 3.600 jornales anuales en el campo español.

Blanco ha subrayado que COAG y el conjunto de los agricultores se opone "frontalmente"al acuerdo, porque supone "un jaque mate a un sector estratégico y emblemático español", como es el hortofrutícola.

Por ello, ha reclamado a los europarlamentarios españoles y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que consideren el problema como una "cuestión de Estado"y pongan "todo su empeño"para que no se llegue a ratificar el acuerdo.

España, ha añadido, es la principal perjudicada por las condiciones del convenio, tanto por los productos que se liberalizan como por los contingentes y calendarios que se aprueban, así como los precios de entrada por debajo del coste de producción, frente a otros países como Francia, Holanda o Italia.

Ha apuntado que la propuesta de la Comisión Europea aumenta contingentes "de manera considerable"a producciones ya calificadas como sensibles, como es el caso de tomate, pepino, calabacín y fresa, al tiempo que liberaliza cítricos, fruta de hueso y otros productos sin precios mínimos de entrada.

Blanco ha planteado que tan solo tres empresas de capital franco-marroquí se llevan el 70 % del beneficio del acuerdo, que también favorece a las grandes cadenas de distribución, en muchos casos también de capital francés, que en su opinión obtendrán "márgenes comerciales abusivos".

Según ha considerado, "se le está dando preferencia a un país que no es socio de la Unión Europea"y los productos de Marruecos no cumplen con todos los parámetros de seguridad alimentaria y ambientales exigidas por la UE a los agricultores españoles.

Ha recordado que es imposible competir con los salarios que reciben los trabajadores marroquíes, con 4,8 euros de máximo por una jornada "de sol a sol", frente a los entre 50 y 60 euros diarios que se pagan en España.

Por su parte, el responsable de frutas y hortalizas de COAG y secretario de la organización en Almería, Andrés Góngora, ha insistido en que el sector español "se está destruyendo poco a poco"y es muy importante en zonas con elevado paro, como la costa de Granada, Murcia o la propia Almería, con una tasa de desempleo del 33 %.

"Nos queda la agricultura y la UE quiere entregársela no a Marruecos, sino al capital europeo", ha aseverado.

Góngora ha señalado que la renovación del acuerdo viene a "vestir de legalidad"los incumplimientos del anterior, que ya provocó la desaparición de cultivos como la judía verde en Andalucía, de la que se destruyeron hasta 3.000 hectáreas.