Valencia
Se elimina la «tasa» del 20% a los promotores
Quitar cargas al suelo para abaratarlo y movilizar el mercado de la construcción para generar empleo y recuperar la actividad económica. Estos son los objetivos que la Comunidad de Madrid se ha puesto para el próximo año en materia de Vivienda y Ordenación del Territorio.
La Consejera responsable de estas carteras, Ana Isabel Mariño, anunció ayer que, a la espera de la nueva Ley del Suelo (que estará lista en los próximos meses), presentará una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales para que a partir del 1 de enero de 2011 quede eliminada la cesión obligatoria del 20% del suelo que se urbaniza, que los promotores de vivienda deben dar a la Administración regional.
El suelo, un 17% más barato
Madrid es la región donde las cesiones de los promotores a las administraciones a la hora de construir viviendas es más alta: un 120% del suelo construido. Es decir, por cada cien metros edificados, los promotores ceden 70 metros a la administración general, 30 a la local y 20 a la regional. Con la eliminación de la carga regional (las llamadas redes supramunicipales), las cesiones se quedarán en un 100%. Una cifra que aún estará muy por encima de la de Cataluña (50%), Castilla y León (45%) o Valencia (50%), pero que permitirá rebajar las cargas del suelo y por tanto, según la Consejería, abaratar su precio hasta un 17%.
También a través de la Ley de Medidas Fiscales, se realizará una modificación en el carácter del terreno obtenido a través de estas cesiones de los promotores realizadas hasta el 1 de enero de 2011, momento en el que dejarán de ser obligatorias. Así, si hasta ahora estos terrenos eran considerados bienes de dominio público (demaniales), ahora serán patrimoniales, que permitirá abrir paso a la colaboración público-privada sin modificar el fin social de estos bienes que, en el caso de la Comunidad, serán destinados al llamado Plan 45.000 con el que se creará un parque de viviendas en alquiler rotatorio para colectivos con necesidades específicas, como discapacitados o mayores de 65. Además, la norma permitirá a los Ayuntamientos hacer modificaciones puntuales de sus Planes Generales de Ordenación Urbana a través de un procedimiento abreviado. Y por último, la norma abrirá paso a la posibilidad de simultanear el proceso de urbanización con el de edificación, para agilizar los trámites.
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