El Gobierno evita la quiebra de las comunidades con 44000 millones

MADRID- «No hay alternativa, hay que cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit». Hacienda da otro paso al frente ante la amenaza de rebelión autonómica que capitanea Cataluña. Por un lado, como ayer adelantó este periódico, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha puesto en marcha la negociación «in extremis» con las comunidades que se desvían de los planes de ajuste –la última oportunidad antes de activar las sanciones previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria–. Y al mismo tiempo retoma su discurso más contundente e inflexible.

El lunes, desde Hacienda, precisaban que el examen que la Intervención General del Estado ha puesto ya en marcha era un «chequeo», no una intervención. Y ayer, desde ese mismo departamento, advertían a las autonomías más díscolas, algunas bajo Gobierno popular, de que «no hay alternativa, hay que cumplir el objetivo». «Es el primer paso para la confianza y la recuperación».

El Ejecutivo se planta con el argumento de que las comunidades no pueden estirar más la cuerda porque desde enero el «principal esfuerzo» lo ha hecho el Estado central para sostener su liquidez y evitar la quiebra de las que están en una situación más límite. Esa ayuda, que se eleva a unos 44.000 millones de euros, tenía como contrapartida el compromiso firme de cumplir con el déficit, una cláusula de la que ahora algunos Gobiernos autonómicos quieren liberarse.
En enero, el Ejecutivo aprobó una línea ICO de 15.000 euros para ayudarlas a financiar la deuda autonómica, ante las dificultades que ya tenían para salir a los mercados. Esto, seis meses después, se ha tenido que convertir en un Fondo de Liquidez Autonómico dotado con 18.000 millones de euros y que ha exigido un crédito extraordinario a cargo de la deuda pública. Además, otra de las primeras medidas del Ejecutivo de Rajoy fue retrasar 10 años la devolución de lo que las comunidades habían cobrado de más por la mala previsión de ingresos que hizo aquel PSOE de los «brotes verdes» durante los años 2008 y 2009. Esto, según Hacienda, les supuso otra inyección de liquidez por 3.156 millones de euros.

La cuarta «ayuda» fue el reparto, también aprobado en enero, de anticipos, por más del 50 por ciento, de la liquidación estimada del sistema de financiación correspondiente al año 2010. En concreto, a principios de año Hacienda adelantó el pago de 5.176 millones de euros a las comunidades, un dinero que no tenía obligación de entregar hasta finales de julio. Y el quinto «préstamo» a las comunidades es el Plan de Proveedores: 16.980,8 millones de euros por los 3,7 millones de facturas pendientes de abonar por el conjunto de los Gobiernos autonómicos, con la excepción de Galicia, que tenía al día sus pagos.

Además de todas estas medidas, desde el Gobierno recuerdan que, pese a las duras restricciones presupuestarias, han aplicado en su totalidad el sistema de financiación autonómico, «que beneficia claramente a Cataluña». Artur Mas se ha puesto al frente de la revuelta, con amenaza incluida de acudir al Tribunal Constitucional. Y la respuesta del Ejecutivo consiste en recordarle que justo ahora se acaba de liquidar el año 2010, el segundo año de aplicación del nuevo sistema, «que ha supuesto 4.000 millones más para Cataluña». «Es decir, en un momento de crisis, Cataluña está recibiendo más dinero por el sistema de financiación», subrayan en Hacienda. Ante el duro pulso que cada día alimenta la Generalitat catalana, el Gobierno se atrinchera en el mensaje que ya ha trasladado en privado al consejero de Economía y Hacienda catalán, Andreu Mas-Colell. «No hay alternativa a que todas las Administraciones Públicas cumplan con sus objetivos de déficit porque ni nuestros socios europeos ni los mercados dejan otra salida. Y tampoco la deja el hecho de que las comunidades no puedan ya financiarse». El consejero catalán, que ahora se ha atrevido a plantar al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, era, según contaban en el equipo económico del Gobierno, uno de los «más sensatos» en la negociación. Incluso parece que llegó a pedirles comprensión porque, aunque él entendía que no había margen para evitar la consolidación fiscal, tenía la obligación de mantener un discurso político de confrontación en Cataluña.

En relación a Andalucía, el Gobierno reconoce que, al igual que con el resto de comunidades con cláusulas parecidas en sus Estatutos, las inversiones del Estado para 2012 no recogen lo aprobado en ellos porque era inversión para nuevos proyectos que en esta situación no se pueden ejecutar.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, cargó ayer contra las comunidades que ocultan que están siendo examinadas por Hacienda. Él, junto con Murcia y Cataluña, fue de los primeros en reconocer la situación de su región. «Callan como zorros», dijo de otros Gobiernos regionales, entre los que hay algunos del PP.

Más deuda de las administraciones
La deuda bruta de las administraciones públicas, que incluye depósitos, préstamos y valores distintos de acciones, volvió a repuntar casi un 2% en mayo, hasta los 783.311 millones de euros, tras el descenso de abril –según datos del Banco de España–, y se sitúa otra vez en sus valores máximos desde el inicio de la crisis. Estos compromisos de pago son un 14,2% superiores a los de hace un año, cuando ascendían a 685.415 millones de euros, y superan en casi un 80% a la deuda bruta de 2008.