29-M: Huelga contra España

La octava huelga general desde 1978, la sexta con una duración de 24 horas y la segunda con un Gobierno del PP en el poder tomará las calles el mismo día que la edición precedente: un 29, en este caso de marzo. Apenas año y medio después del anterior paro. Con los mercados, los socios europeos y los medios de comunicación de medio mundo analizando con lupa cada movimiento de España y la amenaza permanente de la comparación con Grecia, donde cada medida política y económica ha sido contestada con una huelga.

Con casi 5,3 millones de parados en las calles –el 22,8% de la población activa y el 50% de los jóvenes sin trabajo– y una previsión de destrucción de empleo aún más lúgubre para 2012. Con el PIB en caída libre –entre el 1,5 y el 1,7%, según las proyecciones para el presente ejercicio–; con la riqueza nacional en los niveles previos a la crisis, pero con dos millones más de habitantes y una presión asfixiante sobre la sanidad y la educación. Con 197 votos a favor de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, el 56% de la Cámara.

Después de «unas 32» reuniones entre representantes del Ministerio de Empleo y de las centrales sindicales, según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, los líderes de las dos centrales mayoritarias anunciaron el paro acusando al Ejecutivo de Rajoy de «suicida» por hacer «inevitable, justa y necesaria» la convocatoria. Según los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, el Gobierno se ha negado a atender sus propuestas ante la que calificaron como la reforma «más regresiva de la democracia». Durante su comparecencia conjunta, ambos dirigentes destacaron también que las manifestaciones y los paros no son un fin sino un medio para forzar una negociación con el Gobierno, y declararon que Rajoy tiene «recorrido» hasta el día 29 para rectificar la norma.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, alertó del elevado coste de una huelga general en el actual contexto y exigió «compromiso» a todos los agentes sociales porque «España no está para huelgas». En ese sentido, tendió la mano a Toxo y Méndez al asegurar que el Ejecutivo seguirá trabajando cada día para «sacar adelante este país, escuchando a todo el mundo y dialogando». «Pero también exigimos a todos responsabilidad ya que es lo que los ciudadanos demandan a políticos, ejecutivo y agentes sociales», dijo Báñez desde Almería.

Similar preocupación mostró la patronal, que resaltó el «impacto negativo» que tendrá el paro para la actividad económica, la creación de empleo, la imagen de España en el exterior y la confianza de los inversores.

El coste de la huelga del próximo día 29 ronda los 7.688 millones de euros en el supuesto de que el seguimiento fuera mayoritario, objetivo de los sindicatos convocantes. La cifra se obtiene de dividir el PIB a precios de mercado por el número de jornadas laborales de un año. Una cifra similar a la partida que se dedicó a las políticas de fomento del empleo en los Presupuestos del Estado de 2011 (7.322,8 millones) y muy próxima a la partida anual a prestaciones por desempleo, que ronda los 10.000 millones.

Pero la convocatoria no fue unánime por parte de todas las centrales. La Unión Sindical Obrera convocó a sus afiliados a una huelga general el mismo día, pero con una convocatoria «propia y diferenciada». USO acusó en un comunicado a las centrales mayoritarias de haber «despreciado» la posibilidad de crear un frente sindical «amplio y unitario» y de actuar como «colaboracionistas» con las políticas previas de recortes emprendidas por el anterior Ejecutivo socialista.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) no se sumó a la huelga, a la espera de que prosperen las negociaciones con el Gobierno eliminar algunos puntos de la reforma laboral durante el trámite parlamentario.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo una mínima referencia al pulso sindical durante en un mitin de campaña para las elecciones andaluzas celebrado en el Pabellón Ciudad Jardín de Málaga en el que apoyó al candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas. Durante su intervención, Rajoy defendió una reforma que –a su juicio– servirá para crear empleo y para que no haya «tres millones de despidos como los que han tenido lugar en los últimos cuatro años» de Gobierno socialista.

El Gobierno popular daba por descontada la movilización de UGT y CC OO con el respaldo del PSOE e Izquierda Unida y defiende la reforma como la modificación «más creadora de empleo a medio plazo que se podía hacer», como expresó el pasado jueves el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
El Banco de España calcula que si la reforma se hubiera acordado «hace dos o tres años» el país se habría ahorrado un millón de parados y el Gobierno remarca que no hay ningún otro país donde se haya destruido más del 10% del empleo del sector privado y donde la tasa de paro haya crecido más de 14 puntos desde 2008.