El fiscal general descarta de momento pedir la citación de la Infanta Cristina

Por si quedaba alguna duda de la posición de la Fiscalía respecto a la posible citación judicial de la Infanta Cristina para declarar sobre el supuesto desvío de fondos del Instituto Nóos, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que «hasta este momento no hay ninguna previsión a ese respecto». Tras presidir su primera reunión del Consejo Fiscal, el sustituto de Cándido Conde-Pumpido añadió que «valorando las circunstancias del caso concreto, cuando el fiscal anticorrupción asignado al mismo exprese su opinión se tomará la decisión correspondiente». Torres-Dulce hizo un llamamiento a la «prudencia» antes de insistir en lo obvio, en que «la ley es igual para todos», una exigencia constitucional en la que, prometió, el Ministerio Público será «muy exigente».
La primera comparecencia ante los medios de comunicación del nuevo fiscal general del Estado propició también la valoración de Torres-Dulce sobre otro de los asuntos candentes de la actualidad judicial: el archivo por parte del Tribunal Supremo de la causa contra Garzón por el patrocinio de sus cursos en Nueva York. En ésta, como en las otras dos abiertas en el Alto Tribunal contra el juez de la Audiencia Nacional, la Fiscalía no acusaba a Garzón de delito alguno y el fiscal general fue consecuente con esa posición «heredada» de la etapa de Conde-Pumpido. Así, se mostró satisfecho por el archivo, pero recordó que la Fiscalía sigue pensando que «los hechos no eran constitutivos de delito» (el magistrado Manuel Marchena imputó a Garzón un delito de cohecho impropio). Respecto a la posibilidad de recurrir la sentencia del Supremo que condenó a Garzón a once años de inhabilitación por ordenar las escuchas en prisión en el «caso Gürtel», Torres-Dulce se limitó a decir que la Fiscalía la «está valorando».
El fiscal general también se refirió a otra decisión de indudable trascendencia mediática adoptada después de su asunción del cargo: la de no recurrir la absolución del ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps del delito de cohecho impropio por parte de un tribunal del jurado. Torres-Dulce explicó que fueron las dos fiscales encargadas del caso, Concha Sabadell y Miriam Segura (que trabajaron, dijo, «en unas circunstancias realmente difíciles»), las que optaron por la medida.
La cabeza visible del Ministerio Público también tuvo tiempo para refrendar en el cargo al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, dado que «no existe ningún motivo para relevarle». Por último, se mostró partidario de que no desaparezca la acción popular, aunque abogó por «acotarla en sus justos términos» para que no actúe «por motivos espurios, como sucede a veces».