Las 480 actas que pueden salpicar al presidente andaluz

SEVILLA-Las actas que reclama la juez son una pieza nuclear en la investigación del caso. Alaya quiere saber si el Consejo de Gobierno siguió utilizando una fórmula irregular para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis pese a conocer las reiteradas alertas –desde 2002 hasta 2008– de la Intervención General de la Junta de Andalucía por «prescindir de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Y, si, una vez que expiró el convenio suscrito por la Consejería de Empleo y el IFA –después IDEA– en 2003 adoptó alguna medida. Ni siquiera se sabe a estas alturas si el órgano que reúne todos los martes a los consejeros del Ejecutivo discutió sobre aquella polémica prórroga.
¿Por qué polémica y por qué la petición se remonta a hace diez años? El acuerdo que suscribieron en julio de 2001 el ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el entonces máximo responsable del IFA, Antonio Fernández –también consejero de Empleo entre 2004 y 2010, imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias– provocó el descontrol de un libramiento que ronda los 700 millones de euros desde 2001 a 2010 y al que rodeó la opacidad: no hay rastro ni en el BOJA ni en los temas oficialmente tratados en el Consejo de Gobierno.
Conviene recordar ahora dos extractos del auto del 30 de marzo de la juez Alaya, en el que dejó bien clara la pista de prevaricación que persigue. La primera: «Resulta paradójico que durante diez años la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extraña que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello». Y la segunda: El juzgado investiga «si el procedimiento utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención, puede constituir un delito de prevaricación, de conformidad con el artículo 404 del Código Penal».
Tanto Chaves como Griñán están envueltos en estas pesquisas de la juez. Griñán fue el consejero de Economía y Hacienda y asistió por tanto al Consejo de Gobierno desde 2004 a 2009. Pero es que, además, la Intervención, que durante todos esos años alertó de la vulneración del procedimiento administrativo, dependía de su propio departamento, de la Consejería de Economía y Hacienda. Hay incluso documentos en los que la Intervención mandata que se remitan a Griñán sus observaciones sobre las irregularidades del proceso. Cuando aparecieron estos papeles el pasado mes de marzo, la actual consejera de Hacienda y Administración Pública –viceconsejera con Griñán– se inmoló asegurando que Griñán no los conoció porque ella no se los trasladó durante estos años ni privada ni oficialmente. No eran lo suficientemente relevantes al no detectarse «menoscabo de fondos públicos». Esta intrincada teoría nunca se la ha creído la oposición. El presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró en abril en una entrevista con LA RAZÓN que de lo que huye la Junta negándose a entregar las actas es «de que las cabezas de Chaves y de Griñán puedan estar encima de una mesa judicial».

Idas y venidas
29-03-2011
Primer rechazo del Ejecutivo
- La Junta de Andalucía se niega a la petición de la juez de entregar las actas que reclama. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, se ampara en el carácter reservado de las deliberaciones y las votaciones del Consejo de Gobierno.
30-03-2011
Ultimátum de la juez Alaya
- La Juez Mercedes Alaya deja claro en un auto que las actas no tienen carácter reservado e insta al Gobierno andaluz a que las ponga a disposición de la investigación. Recuerda que no ha pedido las deliberaciones.
07-04-2011
Custodia acorazada
- Las 480 actas son depositadas en un armario acorazado de los juzgados de Sevilla por orden de la juez. Toma la medida en prevención de posibles alteraciones.
06-07-2011
Vuelta a San Telmo
- La Audiencia provincial de Sevilla dicta un auto en el que estima los recursos de la Junta y de la Fiscalía, ordenando que las actas vuelvan de nuevo bajo la custodia del Gobierno andaluz. La juez acata la medida.