Necesaria reflexión

A mis 69 años, he dedicado más de 50 al Ejército. De ellos, cinco en las Academias de Zaragoza y Toledo, tres en la Escuela de Estado Mayor de Madrid y casi otros tantos en L'Ecole Militaire de Paris. Si añado cursos de especialización –sobre todo los de paracaidistas– superaría los once años dedicados a formación y especialización. Y si sumo las horas dedicadas a preparar las oposiciones de ingreso, al estudio de idiomas y Ciencias Políticas, me voy a un montón de tiempo dedicado a mejorar capacidades y poder servir a mi sociedad. Pues bien. Con todo este bagaje, me he equivocado muchas veces, porque el ser humano lleva intrínseca en su alma la posibilidad de errar.De ahí mi insistencia, cuando trato temas relacionados con la Institución Militar, de las ventajas de lo colegiado sobre lo individual, de la necesidad de consensuar políticas de Defensa, que es como decir políticas de Estado. Siempre repito que me asustan los «pseudo napoleones» que sin el menor bagaje profesional, se lanzan a legislar para intentar dejar su impronta, marcar un estilo de milicia hecho a su imagen y semejanza.No saben que en el fondo esconden un grave complejo, una –aunque no lo parezca– patente carencia de seguridad en sí mismos, que disimulan rodeándose de amplísimos gabinetes, aprovechándose de la disciplina que encuentran en los profesionales de la milicia. Por esto uno de ellos suprimió la Junta de Jefes de Estado Mayor, hoy sensatamente recompuesta. Le era más fácil el cara a cara individual que el enfrentarse a un grupo colegiado. Los psicólogos tienen bien definidas estas personalidades.Pero, entre la supuesta genialidad y las prisas por pasar a la posteridad, no se hacen buenas leyes. Luego, lo paga toda la Institución.Viene al caso este extenso prólogo, para reflexionar sobre el «Anteproyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las FAS» presentado en el Congreso el pasado mayo. Es significativo el orden de exposición: primero derechos, luego deberes. No se qué dirían nuestros «antiguos» Blake, Castaños o el Marqués de la Romana , cuyos bicentenarios celebramos estos días. Seguramente marcarían primero deberes, luego derechos. «Servidumbre y grandeza militar» los definía Alfredo de Vigny.Pero, vayamos al grano. En primer lugar me parece acertada la política del Ministerio al manifestar que no se aprobará la Ley sin consenso parlamentario. De partida, nos tranquiliza. El consenso parlamentario debería constituir una regla de oro consustancial a la legislación de Estado. No se obtuvo en la Ley de la Carrera Militar y así va su desarrollo, entre audiencias y de tribunales.En un magnifico artículo publicado en la revista «Atenea» de este mes, el Teniente de Navío Gallego Aranda expone unas más que lógicas razones para la derogación de esta Ley, que apoya en un informe del Servicio de Investigación Operativa del propio Ministerio, y refiere a la grave situación económica que vivimos. Advierte que miles de recursos pueden colapsarla, cuando ya se hayan producido cuantiosas inversiones en perjuicio de otras capacidades esenciales. El informe oficial califica al sistema de evaluación para el ascenso derivado de esta Ley de «irracional, arbitrario, ineficaz, difícilmente gestionable, incierto, innecesario y costosísimo». No caben más virtudes en pocas palabras.Si el pecado de origen –Ley de la Carrera– es uno, la filosofía con que se aborda el tema de las asociaciones en el marco de los «derechos y deberes» es el segundo. Las asociaciones formadas por personal en activo adolecen –con honradas excepciones– de falta de objetividad, porque aparece en sus miembros el interés individual, la ventaja del grupo, la ambición y los protagonismos. Imagino que el legislador lo ha previsto y acotado. Pero no quiero pensar lo que representaría en una base o acuartelamiento la presencia de un oficial o suboficial «liberado», rebajado de guardias y servicios al estilo de los líderes sindicales que lo hacen en Barajas o en la SEAT. Recientemente ha saltado la noticia: 4.127 liberados en empresas privadas, entre 17.000 y 20.000 en las administraciones públicas. ¿Podemos incrementar las Fuerzas Armadas estas cifras?En democracias adelantadas como los Estados Unidos, son las asociaciones de veteranos las que defienden como fuerza social a los militares en activo, las que velan por sus Ordenanzas o preceptos morales, las que informan y pilotan el sistema de ascensos.Los Veteranos aportan dos ventajas fundamentales:–Dan por superadas sus ambiciones personales. Han demostrado querer y servir a sus Fuerzas Armadas y pueden ser objetivos.–No dependen de una persona sino que son organismos colegiados, con buena base jurídica y administrativa y con gran capacidad para influir en las grandes decisiones de la Defensa. El propio presidente de la República preside sus conmemoraciones anuales, prueba de su prestigio.En resumen: priorizo los deberes sobre los derechos en una Institución como la militar; priorizo lo colegiado sobre lo individual; lo objetivo y desinteresado, sobre lo subjetivo, muchas veces vestido de protagonismo y ambición, cuando no de resentimiento. He admitido que puedo equivocarme. Pero esta vez pediría que mi reflexión y la del Teniente de Navío Gallego Aranda no cayesen en saco roto.