El Gobierno de Aznar avisó en 1998 de que El Algarrobico invadía litoral protegido

Sevilla- «Para la defensa del dominio público la Ley de Costas establece dos zonas de servidumbre: la de tránsito que tiene un ancho de seis metros y la servidumbre de protección que, por tratarse de suelo clasificado como urbanizable sin plan parcial aprobado a la entrada en vigor de la Ley de Costas, tiene un ancho de cien metros, ambas medidas desde la referida línea de ribera». Con este párrafo, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del popular José María Aznar ya avisó en 1998 al arquitecto del hotel El Algarrobico de que la promotora Azata del Sol no podía edificar en el punto del mapa de Carboneras (Almería) donde lo hizo si no quería cometer una ilegalidad.

En el documento, firmado por el jefe de servicio provincial de Costas, Miguel Ángel Castillo, se especifica, en respuesta a un escrito de la promotora, que en este caso, «la línea de ribera de mar que ha de servir de base para la determinación de las zonas de servidumbre establecidas en la Ley de Costas coincide con la propia línea de deslinde».

De nada sirvió la advertencia y la primera piedra de la edificación que se ha convertido en el símbolo del urbanismo desmedido para las organizaciones ecologistas se colocó en 2003 invadiendo la servidumbre de protección pública.

Desde entonces, las instalaciones hoteleras han dado lugar a más de una veintena de pleitos cruzados en los tribunales en torno a su legalidad. De hecho, han tenido que pasar catorce años para que el Tribunal Supremo (TS) confirmara en sentencia firme el 18 de julio de 2012 la protección de los mencionados cien metros.

En opinión de la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, la existencia del mencionado texto de la demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo «pone en duda, al margen de la ética del empresario que decidió construir sabiendo que era ilegal, la capacidad de seguimiento de sus propias normas por parte de la Administración pública», apuntó.

Greenpeace también se ha servido de los juzgados para recurrir, entre otras cuestiones, el plan de ordenación (PORN) del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar en lo referente a El Algarrobico. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló en junio de este año, tras un extenso proceso, el PORN de 2008 y estableció para el paraje donde se alza el hotel el nivel de protección que tenía en 1994 como espacio protegido no urbanizable.
En relación al Gobierno andaluz, Marcos recuerda que «hasta el viernes antes de las últimas elecciones autonómicas –del 25 de marzo de 2012– no cambió su postura en los juzgados al publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la normativa de ordenación del territorio que impedía construir en el área de El Algarrobico». «Y lo hizo –matiza Marcos– porque desde 2010 las sentencias comenzaron a quitarles la razón y el tema suponía un desgaste político» para el PSOE-A.

Ahora, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, defiende que el coste de la demolición del polémico hotel no habrá de «pesar sobre la espalda del contribuyente».
Pero El Algarrobico ya ha afectado a los bolsillos de los andaluces. Fuentes jurídicas estiman que los honorarios de un abogado en cada uno de los procesos en los que ha participado la Administración autonómica «podrían oscilar entre los 3.000 y los 5.000 euros».

Cabe recordar, no obstante, que la Junta tiene en nómina a un servicio jurídico para que se ocupe de sus asuntos legales. Equipo que en ocasiones, como en el recurso que interpuso al Supremo en relación al PORN de 2008, pierde. El fallo del TS supuso que el Gobierno regional tuviera que abonar 4.500 euros a la parte contraria: al abogado y el procurador de Greenpeace. Un dinero que salió de las arcas públicas, esto es, del monedero de los andaluces.