Sevilla

Zoido destinará a universitarios pisos previstos para maltratadas

Para «evitar el peligro de la localización» de las víctimas 

En el expediente no se pide la valoración de la edil de Familia, Dolores de Pablo-Blanco
En el expediente no se pide la valoración de la edil de Familia, Dolores de Pablo-Blancolarazon

SEVILLA- Cambio de uso y, por tanto, de prioridades. Según el acuerdo de Junta de Gobierno con fecha 31 de octubre y un informe del gerente de Emvisesa al respecto, a los que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento cambiará el destino de una parcela en la que el anterior Ejecutivo local decidió ubicar un bloque de 32 viviendas puente para víctimas de violencia doméstica, a las que se les prestaría además una serie de servicios añadidos. Esta parcela, ahora será para universitarios.
El punto 11 de la Junta de Gobierno del pasado 31 de octubre recoge, bajo el epígrafe «Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 29 de abril de 2010 relativo a la concesión demanial otorgada a Emvisesa», el cambio de uso de 32 alojamientos protegidos en régimen de alquiler, esto es, 2.000 metros cuadrados. El argumento esgrimido para dotar de un nuevo destino a estos suelos es que se debe dar publicidad para licitar la explotación y gestión de las viviendas y que la normativa habla de estricta confidencialidad debido al riesgo físico real que tienen las destinatarias originales del proyecto. Esto es, como no se encuentran fórmulas para conceder la gestión de este centro a entidades especializadas, el Gobierno municipal ha optado por cambiar el uso, con los universitarios como destinatarios mediante concesión de explotación (a modo de colegio mayor). El documento habla de «evitar el peligro que puede suponer la localización de las mujeres».
El expediente de los pisos de alquiler para mujeres maltratadas estaba listo para su aprobación por la Junta de Gobierno, según fuentes municipales, en julio y se retrasó a la sesión del pasado miércoles, coincidiendo con el último día laboral antes del puente.
En el expediente en cuestión no se pide conocer la valoración o la realización de algún informe por parte de la Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación para su pronunciamiento acerca de la idoneidad de que se anule el fin para el que en principio estaba destinado el edificio. Tampoco se especifica si el Ayuntamiento planteará algún tipo de compensación ante la pérdida de este recurso para las mujeres en riesgo.