Crecen las agresiones de jóvenes contra sus padres en los hogares

Así, según los últimos datos que maneja la Fiscalía y conocidos por la Agencia Ical, en 2009 se produjeron 121 casos de violencia en el entorno familiar protagonizados por menores, lo que supone 12 más que en el año anterior, esto es, un diez por ciento de incremento. De hecho, las condenas por violencia de este tipo representan ya el 8,2 por ciento de las altas recibidas en los centros pertenecientes al sistema de reforma, en un año en el que los episodios delictivos protagonizados por menores se incrementan de forma significativa.

Junto con esta advertencia, el fiscal de Menores de León y coordinador de estas fiscalías en la Comunidad, Avelino Fierro, llama la atención sobre otro hecho: la escasez de plazas de convivencia con grupo educativo, lo que obliga, en muchos casos, a que el menor tenga que ingresar lejos de su domicilio habitual. En la Comunidad existen un total de 61 plazas de este tipo.

El incremento de la violencia de menores en el entorno familiar pone de manifiesto, según Fierro, «la importancia social de este problema», que afecta «a familias de todo tipo» y condición económica o social, «desestructuradas, medias, acomodadas o monoparentales».

A las dificultades para establecer un perfil del joven agresor se suma el hecho de que se trata de un delito que, habitualmente, sólo se denuncia cuando el problema es ya extremo. «Es algo delicadísimo y las situaciones que vivimos aquí son de auténtica tortura psicológica para los padres, porque creen que se han equivocado con sus hijos», afirma Avelino Fierro.

Los padres tienden a culparse cuando se produce una situación de este tipo y suelen ser reacios a denunciar a sus propios hijos, pese a que para el fiscal coordinador de menores de Castilla y León, es «lo mejor» para cortar estas agresiones. Aún así, dado que se trata de una situación complicada, Fierro señala que, aunque los padres no denuncien, la Fiscalía «puede actuar igual». «Se trata de una infracción de carácter público y si nosotros tenemos conocimiento de los hechos por un vecino, por una amiga o por la Policía que pasa por allí, tenemos la obligación de incoar unas diligencias preliminares y luego ya veremos si va o no va a expediente, que sería el siguiente paso procesal», explica.

Si el hecho ha sido grave, el menor quedaría detenido y se suele pedir como medida cautelar que salga de casa y que conviva con otra familia, institución o grupo educativo.