La Fiscalía denunciará la próxima semana a los controladores por sedición

Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía madrileña, que han precisado que la denuncia será presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará al órgano judicial al que corresponda por reparto.

Según las fuentes consultadas, el delito de sedición está previsto en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, que prevé penas para los empleados de aeropuertos "que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia".

El pasado día 9, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo al inicio del puente de la Constitución y de la Inmaculada se enfrentaban a penas de prisión de hasta ocho años.

El Código Penal, en su artículo 545, establece que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición.

La Fiscalía ha decidido denunciar a los controladores después de recibir esta misma mañana un informe de AENA sobre los hechos ocurridos los pasados días 3 y 4, un documento "bastante voluminoso", según las mismas fuentes, que será estudiado y se unirá al informe policial ya recibido, que incluye una relación de los controladores que no acudieron a trabajar.

La investigación desarrollada hasta ahora por la Fiscalía se basa fundamentalmente en el contenido de esos informes, ya que los 26 controladores citados por el Ministerio Público en la Audiencia Provincial de Madrid los pasados días 9, 10 y 13 se acogieron a su derecho a no declarar.

Todos ellos habían sido identificados por la Policía cuando se reunieron el pasado día 3 en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.

Los controladores alegaron ante el Ministerio Público que se pensarían si declarar cuando fueran citados por el juez competente, ya que entendían que dada la militarización y el estado de alarma en vigor no sería competente la jurisdicción ordinaria ,sino la militar.

Ante la actitud de los controladores, la Fiscalía optó entonces por no seguir citando a más, del total de 175 que se pretendía investigar, y continuar estudiando el caso a través de informes policiales y otros como el de AENA.