Pacto de Estado para garantizar la estabilidad

No acostumbra el Parlamento español a abrir sus puertas en agosto, y menos para poner en marcha una reforma constitucional. La situación lo requiere y, tras varios años de estériles debates partidistas, parece que PSOE y PP se pone por fin de acuerdo. Han sido, eso sí, necesarios casi cinco millones de parados, una prima de riesgo de infarto, serios avisos de las agencias de calificación, severas advertencias de los organismos internacionales, no pocas amenazas de un «default» desde Bruselas…

Sáenz de Santamaría y Rajoy, durante la sesión de ayer
Sáenz de Santamaría y Rajoy, durante la sesión de ayer

Pero, al final, se ha llegado en los últimos estertores de la Legislatura al camino por el que muchos indicaron que había que transitar desde el principio de este último mandato de Zapatero allá por marzo de 2008: un pacto de Estado entre los grandes partidos. Y nada menos que con una modificación de la «sacrosanta» Constitución para fijar un límite de endeudamiento público en su artículo 135.

Quién sabe si es tarde o no para convencer a los mercados y evitar un severo castigo a nuestro país y quién sabe cuántos desempleados mantendrían hoy su puesto de trabajo de haber llegado este acuerdo hace ya un año, como lo pidió Mariano Rajoy. Es tarde para saberlo, pero al menos los dos grandes partidos están hoy de acuerdo, como dice la popular Soraya Saénz de Santamaría, en que ninguna administración podrá gastar ya más de lo que ingrese o en que, como pontificó el socialista José Antonio Alonso, el acuerdo garantiza el «bienestar social».

Necesidad, aprieto o tardío sentido de la responsabilidad, el caso es que PSOE y PP lograron ayer en el Congreso con sus votos –más el del único diputado de UPN–, salvar holgadamente la toma en consideración de la reforma constitucional. Un total de 318 diputados votaron a favor; 16 (PNV, ERC-IU-ICV, BNG, UPyD y NaBai) lo hicieron en contra y 2 (Coalición Canaria) se abstuvieron. Todo según lo previsto, después de que el candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba evitara, sin duda, la fractura en las filas socialistas a pesar de su reticencia inicial a incluir en la Carta Magna criterios económicos que pusieran en riesgo el Estado del Bienestar.
La única sorpresa de la jornada llegó con CiU, cuyos 10 diputados se negaron a participar en la votación pese a estar presentes en la Cámara Baja en el momento de la misma. Gesto de protesta simbólico e inédito.

Socialistas y populares evitaron al alimón las críticas del resto de grupos parlamentarios por la forma y el fondo de la reforma de la Carta Magna acordada entre ambos. Una unidad inédita entre los dos partidos mayoritarios durante toda la legislatura, y más aún a menos de tres meses de las elecciones generales, lo que según el sentir de no pocos socialistas acabará de darle la puntilla a un Rubalcaba ya de por sí lastrado por la gestión de los últimos cuatro años. Aún así los portavoces de sendos grupos, la popular Soraya Sáenz de Santamaría y el socialista José Antonio Alonso, defendieron con ahínco que limitar el gasto público mejorará la confianza exterior en la economía española y rebajará la prima de riesgo de la deuda soberana, que este agosto ha llegado a sobrepasar los 400 puntos básicos.

De no ser por el escaño que ocupan uno diría que Sáenz de Santamaría y José Antonio Alonso militan en las mismas siglas. Pero no, nada de eso. Demasiados debates, demasiados discursos, demasiadas propuestas para saber que lo de ayer fue una coincidencia inédita en esta Legislatura. Coincidencia a la que el socialista Alonso ha llegado obligado por la coyuntura y la popular Santamaría, convencida de ello. Y eso se notó en sus parlamentos, en los que quedó claro quién está salida y quién preparando la llegada a La Moncloa. Un dato: la portavoz del PP llamó al consenso del resto de los partidos; el del PSOE ni se molestó en ello.

Aún así sus defensas de la reforma constitucional para introducir criterios de estabilidad presupuestaria tuvieron puntos de encuentro, por ejemplo que la reforma preservará el Estado de Bienestar y las conquistas sociales, despejará «incertidumbres» y generará confianza en la economía española. «Una reforma necesaria, oportuna y responsable», afirmó la portavoz popular, que enfatizó la voluntad de acuerdo de PSOE y PP, que aparcan sus diferencias para presentar una misma convicción: que la estabilidad presupuestaria forma parte del interés general. Igual que su homólogo socialista afirmó que la reforma garantiza el Estado del Bienestar porque nada lo pone más en peligro como «unas cuentas públicas insostenibles». Ni por esas: nacionalistas e izquierda minoritaria discreparon.


Gutiérrez se queda solo
Durante la maratoniana jornada de «convencimiento» socialista del lunes, una sombra planeaba sobre la unidad del partido de cara a la votación de la reforma constitucional. Seis diputados, encabezados por Antonio Gutiérrez, barajaban saltarse la férrea disciplina de grupo y votar en contra. Eso daba alas a los que soñaban con forzar un referéndum aglutinando a 35 diputados. Pero llegó la hora de la verdad, el Pleno, y el ex sindicalista se quedó solo. Votó en contra, pero ningún otro socialista lo hizo. Ni José Luis Rascón, que amagó con no asistir, se rebeló contra la disciplina.