El presidente impulsa una consulta independentista

BARCELONA- «No dejará indiferente a nadie». Es lo único que quiso avanzar ayer uno de los colaboradores de Artur Mas sobre el discurso con el que el president de la Generalitat abrirá hoy el debate de política general en el Parlament. Mas ha sido el chef de este texto que ha cocinado con el jefe de su gabinete, Joan Vidal, y el director del Instituto de Estudios Políticos Blanquerna, Ferran Sáez, con ingredientes llegados de todo el territorio, aunque el sabor que más destaca es el clamor de la marcha independentista del 11 de septiembre. Para aderezarlo, ha contado con la ayuda del portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs.

Y Josep Antoni Duran Lleida pasó ayer noche por el Palau para darle un vistazo. El discurso, en el que el president ha trabajado todo el fin de semana, es el secreto mejor guardado de la Generalitat. Allí está escrito el futuro de la política catalana que se juega esta semana en el Parlament. Pero pese a la discreción de sus colaboradores, la propuesta de resolución que CiU presentará tras el debate desvela cuál será el siguiente paso que dará Mas, tras el fracaso de la negociación del pacto fiscal. El president de la Generalitat propondrá consultar «al pueblo de Cataluña» sobre su soberanía. El borrador de la propuesta, que CiU está intentando consensuar con el resto de partidos, defiende el derecho a decidir de Cataluña.

La resolución alega que en los últimos 30 años, Cataluña ha fracasado en su intento de vehicular «su progreso nacional, desarrollo económico y democrático a través de la participación del Estado español». Admite que pese a los avances que Cataluña ha logrado respeto al franquismo, el balance de este período «es claramente insuficiente de cara a los retos de futuro que –los catalanes– tenemos como sociedad». Como ejemplo, pone las propuestas de acuerdo de los estatutos de 1979 y 2006 que «han chocado con una clara voluntad de recentralización y de laminación del autogobierno». Y cita el déficit fiscal continuo, el asedio a la lengua catalana, las invasiones competenciales y la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Autonomía de 2006. Tras este argumentario, hace suyo el mandato de la manifestación independentista de la Diada. No sólo propone que el Parlament se felicite por el «enorme éxito» de la marcha, sino que constata la «necesidad» de consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de que Cataluña se convierta en un nuevo estado de Europa. Incluir el lema de la marcha, era una de las demandas de ERC para firmar el texto.

La propuesta de resolución, que se negociará a partir de esta tarde, defiende, en definitiva, que los catalanes puedan decidir su futuro con el pretexto de que es la única vía para garantizar el progreso social y económico. Aunque llama a las fuerzas políticas a impulsar el máximo consenso, ya hay quien recela. ICV, que también ha presentado una propuesta, está abierto a negociar, pero avisa que no apoyará una resolución electoralista. El PSC tantea apoyar la consulta soberanista si antes hay elecciones en las que los partidos presenten propuestas claras.

Lenguaje ambiguo
La palabra tabú, independencia, no aparece en el borrador de la propuesta de resolución que ha presentado CiU. Tampoco la pronunció el president de la Generalitat, Artur Mas, en ninguno de sus discursos ni aparecerá en el programa electoral de CiU. Sin embargo, en el texto de la propuesta de resolución que los nacionalistas quieren que apruebe el Parlament sí se incide en la necesidad de que Cataluña inicie su «transición nacional».

La propuesta de resolución habla de consultar al pueblo catalán sobre su soberanía, pero no especifica cómo, si a través de unas elecciones de carácter plebiscitario o de un referéndum. El PSC, en un intento de marcar perfil propio y atraer a su electorado catalanista, abre la puerta a apoyar una consulta si antes se celebran unas elecciones donde los partidos dejen claras sus propuestas a la ciudadanía.

Aunque hay cuatro métodos para calcular las balanzas fiscales en la propuesta sólo se cuenta uno, el que dice que Cataluña sufre un déficit fiscal continuado en los últimos 30 años equivalente al 8 por ciento anual de la riqueza que genera.