El tijeretazo no reflotará la Sanidad

El tijeretazo que ha aprobado el Gobierno para atajar el desbocado déficit público no va a servir para salvar a la Sanidad de la bancarrota. Al margen de la polémica rebaja de salarios de los profesionales que ejercen en centros de atención primaria y hospitales, que sí repercutirá en un importante ahorro para las direcciones generales de Recursos Humanos de los servicios autonómicos de salud, ninguna de las demás medidas de recorte en el sector irá a parar necesariamente a reflotar los hundidos sistemas sanitarios. Ni el hachazo a los beneficios de los laboratorios, ni la estocada por sorpresa que han recibido los distribuidores de medicamentos y las farmacias, ni el golpe a los proveedores de productos y tecnología sanitaria.

La razón es simple: el modelo de financiación no finalista que rige el reparto de fondos entre el Estado y las autonomías exime a estas últimas de la obligación de financiar con lo recabado por medio del tijeretazo las carencias del sistema sanitario. En otras palabras: nada impide que feudos como Castilla y León o Cataluña, por ejemplo, utilicen el ahorro obtenido con los descuentos de los fármacos para pagar escuelas, cubrir agujeros en sus cuentas o financiar la remodelación de sus sedes de Gobierno.

Esta situación refuerza aún más las tesis de un sector sanitario que estos días se encuentra destrozado y planificando recortes presupuestarios y de personal sin precedentes en la historia sanitaria de España, con el objetivo de hacer frente a los severos pagos impuestos por el Gobierno. Farmaindustria, que vincula los descuentos aplicados a sus medicamentos una destrucción de empleo directo e indirecto que afectará a unas 20.000 personas, ha asegurado esta semana que no podrá hacer frente a la tasa de 2005, equivalente a un impuesto del 2 por ciento de sus ventas, y que el entendimiento al que había llegado con el Gobierno en materia de investigación y empleo queda en el aire. Esto significa que proyectos iniciados en varias comunidades autónomas dejarán de ser financiados por la industria farmacéutica.

Pero el Gobierno no ha puesto sólo en su contra a la industria farmacéutica. Por primera vez en muchos años, colectivos tan dispares como los laboratorios, las farmacias y los distribuidores coinciden en sus críticas, aunque estos últimos apuntan directamente hacia el Ministerio de Sanidad como el culpable de la situación. La mediación de este departamento –prácticamente su único papel en esta crisis– ha consistido en aligerar el pago que Economía pretendía cargar en exclusiva sobre las compañías farmacéuticas para castigar también a los boticarios, los otros grandes «paganos» del sector.478 millones de pérdidasAl respecto, la Federación Española de Empresarios de Farmacia (FEFE), ha acusado a Trinidad Jiménez de «negociar» a sus espaldas el descuento del 7,5 por ciento que tendrán que realizar estos establecimientos sanitarios en su facturación. «La farmacia no puede financiar los descuentos de los demás agentes al Sistema Nacional de Salud», asegura la patronal. Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha asegurado que el nuevo tijeretazo pone en riesgo la viabilidad económica de alrededor de 7.500 boticas y el empleo de hasta 11.000 personas, ya que las oficinas verán reducido en un 16 por ciento de media su beneficio bruto, porcentaje que llegará al 17,1 por ciento en el caso de las farmacias más desfavorecidas. De acuerdo con los datos de la corporación que preside Carmen Peña, el impacto total tanto de esta medida como del recorte aprobado hace un mes por el propio Gobierno será de 478 millones de euros durante el período 2010-2011.

Además del golpe casi mortal que la medida asesta a la cadena del medicamento, los agentes que forman parte de ella lamentan además su defectuosa ejecución. Al cierre de esta edición, ni laboratorios ni farmacias ni distribuidores sabían aún la forma en la que tienen que aplicar los descuentos en las relaciones que mantienen entre ellos. Se trata de un palo más en su rueda.