Sin receta

Es vergonzoso que una persona tenga que requerir bajo amenazas o coacciones lo que le corresponde por ley y por justicia, sea farmacéutico, camionero o torero. Y cuando es la Administración la que adeuda, aún es más imputable, porque eso quiere decir que ha gestionado mal, cuando no despilfarrado, el dinero que obtiene de nuestros impuestos, que, por cierto, no son pocos. De la misma manera que la Administración se da prisa en cobrar a los ciudadanos, debería saldar sus deudas con ellos. Es difícil creerles cuando dicen que no hay dinero cuando estamos viendo cómo se dan subvenciones millonarias al cardo rojo, inaugurando infraestructuras innecesarias como aeropuertos fantasma, o cuando vemos cómo desde Hacienda se intenta sacar dinero de forma descarada a los empresarios, grandes y pequeños –es decir, a todos–, conscientes de que sus métodos y los argumentos utilizados rozan la ilegalidad, como ya les ha advertido el Tribunal Supremo. Cuesta creerlo, la verdad.
Lo que no se termina de entender en todo esto es cómo no se ha protestado antes por el impago de 125 millones de euros porque supongo que un débito de semejante cuantía no se acumula en dos tardes. Algunos quieren achacar la afonía de los farmacéuticos a cuestiones políticas heredadas del 22-M. Sinceramente, no lo creo o, al menos, no quiero creerlo. Es de esperar que nadie juegue políticamente con la salud del ciudadano, que como de costumbre, suele ser el más perjudicado por esta situación, sin duda insostenible. Lo que está claro es que las cuentas no salen y habrá que ver por qué, aunque no creo que la receta de este pedido sea fácil de presentar.