Las privatizaciones de la Generalitat caen en saco roto

BARCELONA- Desde que Artur Mas llegó a la Generalitat fió buena parte del saneamiento de las cuentas catalanas a las privatizaciones. El Departamento de Economía diseñó una serie de operaciones para enjuagar parte de la deuda que afecta a la Administración sin tener que asumir un coste político. No obstante, la realidad es tozuda y de los 888 millones previstos en los presupuestos en este concepto, la Generalitat apenas ha ingresado 69 millones en privatizaciones, un 7 por ciento.

Por si fuera poco, la aventura independentista y el anticipo electoral obligarán al nuevo gobierno catalán que salga de las elecciones a prorrogar los presupuestos de la Generalitat para 2012 y con ellos el programa de privatizaciones. No es de extrañar, pues, que las incertidumbres derivadas del discurso soberanista tengan en vilo a los hipotéticos inversores. Como ejemplo, basta recordar que la Generalitat preveía ingresar 430 millones de euros por la privatización de la gestión de sus autopistas de pago. Es decir, las concesiones que están en manos de la empresa pública Tabasa, que gestiona los túneles de Vallvidrera y el túnel del Cadí. No obstante, el Govern tropezó de nuevo. El Departamento de Economía sólo ha recibido una manifestación de interés por parte de Abertis. Esto implica que el Ejecutivo catalán no ha recibido ninguna oferta en firme, ya que la propuesta de Abertis no es vinculante, sino una mera declaración de intenciones que está condicionada a que se cumplan tres requisitos.

Inmuebles en venta
El giro independentista de la Generalitat hace tambalear la seguridad jurídica que una inversión de estas características requiere. Este viernes, además, finaliza el nuevo plazo fijado por la Generalitat para que los grupos interesados en la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) –la principal compañía abastecedora de agua del área metropolitana de Barcelona– presenten sus ofertas y que ya fue pospuesto.

Con los inmuebles ha sucedido lo mismo. De los 69 millones recaudados , el grueso corresponde a la venta de la sede del departamento de Territorio y Sostenibilidad por 52 millones de euros a la empresa Bancalé Servicios Integrales. Además de este edificio, la Generalitat sólo ha conseguido vender hasta ahora dos de los 19 inmuebles que tenía previsto. Por todos ellos pretendía obtener 360 millones de euros, y por ahora sólo ha logrado 17 millones.

Consecuencias laborales
Las consecuencias del adelanto electoral en Cataluña no se ciñen sólo a las inversiones, sino también a los trabajadores de las empresas sujetas a procesos de privatizaciones. En el caso de la Agencia Catalana del Agua (ACA), los empleados no ganan para sobresaltos. Los sucesivos rumores de Expedientes de Regulación de Empleo, que afectaban a un tercio de la plantilla, han quedado congelados hasta pasadas las elecciones. La compañía que dirige Leonard Carcolé arrastra una deuda que supera los 1.200 millones. La plantilla, además, lleva meses manifestándose y denunciando gastos del ACA que considera innecesarios. La empresa de la Generalitat lleva gastados más de 200.000 euros desde 2011 en sucesivos informes sobre reorganización interna y refinanciación de la deuda. Este mismo viernes se cierra el concurso de Aguas Ter Llobregat (ATLL), por el que la Generalitat espera ingresar 1.000 millones. La operación implica un desembolso inicial por parte de la compañía adjudicataria de 300 millones de euros, al que se añadirían otros 700 millones durante el plazo de 50 años.