La gestión de cánones y embalses bloquea el traspaso del Guadalquivir

SEVILLA- El tiempo se ha agotado sin acuerdo. Hoy finalizan los seis meses de vigencia de la encomienda de gestión acordada entre el Gobierno central y la Junta, que otorgaba a la comunidad las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio, después de que el Tribunal Constitucional anulara el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, atendiendo un recurso planteado por el Gobierno extremeño. Esta semana, que finaliza laboralmente hoy, debía haberse reunido la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta para finiquitar este asunto pero, al cierre de esta edición, la cita no tenía visos de fijarse en fecha.
De nada parece haber servido que fuera el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el que arrancara las negociaciones a finales de agosto, en un encuentro preparatorio con el vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. Cara a cara institucional que no se producía desde el 29 de junio de 2009 entonces en Sevilla.
Según admitió ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno, problemas «de carácter jurídico y no económico», impidieron cerrar la cesión de competencias de forma definitiva. Unas trabas que afectarían a la «gestión de autorizaciones de cánones y a la gestión y explotación de embalses», no así a la transferencia de la Policía de Agua. Moreno, quien fue la encargada de transmitir el «malestar» y la «preocupación» de la Junta por los obstáculos «de última hora» puestas sobre la mesa por el Ejecutivo central, advirtió de que la encomienda de partida no se puede prolongar sine die, porque «hay que cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional».
Con todo, aseveró que el Gobierno autonómico «está abierto a soluciones que conduzcan al cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Bilateral –ésta aprobó el 16 de septiembre el documento de conclusiones de la subcomisión de trabajo sobre el Guadalquivir que incluía la gestión de autorizaciones, cánones y embalses de la región–». Palabras que hacían referencia a la posibilidad planteada por la mañana por Chaves de prorrogar «durante unos días» la encomienda que expiraría hoy, ante la falta de acuerdo entre los dos ejecutivos socialistas. En ese sentido, la consejera de Presidencia insistió en que aún existe una «vía de trabajo abierta» y confió en apurarla.

Inseguridad y desgobierno
Al margen de la polémica bilateral, el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), Alfredo Pérez, plantea otro cuestión: la «inseguridad jurídica en la que pueden quedar los funcionarios –trabajadores que fueron trasladados en su día de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la antigua ya Agencia Andaluza del Agua– si hay nuevos recursos en el futuro».
Entienden que «la competencia sobre el río es exclusiva del Estado y se tiene que administrar como un todo». Posición que comparten colectivos como WWF Adena o Ecologistas en Acción, preocupados por este «desgobierno».