Mercasevilla elude la disolución por quiebra pero se «encadena» a Ponce

SEVILLA- Mercasevilla se aseguró ayer su pervivencia aprobando una «operación acordeón» en sus finanzas con la que elude la disolución por quiebra a la que estaba abocada debido a su enorme deuda, acumulada durante años de una gestión tan presuntamente ilegal que está siendo investigada por la juez Mercedes Alaya. En cambio, la sociedad no se atreve a «liberarse» del ex director adjunto Daniel Ponce y renuncia a su despido por inseguridad jurídica pese a los informes favorables presentados por los técnicos del Partido Popular.En un encuentro celebrado casi por sorpresa –fue convocado a última hora del mediodía del viernes–, el consejo de administración de Mercasevilla descartó el nuevo cese de Ponce por recomendación de sus propios servicios jurídicos tras un primer intento frustrado judicialmente. Según el consejero apoderado, Alfonso Mir, los asesores de Deloitte insisten en que «no hay aportaciones nuevas» para un despido que puede «costar más a la empresa», ante el riesgo de que Ponce acabe siendo indemnizado.En cambio, el concejal y consejero popular en Mercasevilla, Beltrán Pérez, esgrime que el cese es viable por «las faltas continuadas de ocultación de información a la empresa, administración desleal y vulneración de la buena fe contractual» y por la imputación por triplicado. El PP votó contra la renuncia al despido, lamentando que «uno de los mayores responsables» del hundimiento de la sociedad siga en la entidad y «cobrando 200 euros al día».BlindadoPara el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, ese cese «no tiene pies ni cabeza» porque «no se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo delito» y «sólo serviría para blindar a Ponce», ya que el PP plantea en contra del ex subdirector «los mismos argumentos que en su querella por delito societario». Como el dirigente sindical, Mir sugirió que se actuará contra Ponce con el aval del convenio colectivo si es condenado en alguna actuación judicial en curso.Por falta de información, el PP se abstuvo en la «operación acordeón» que redujo a cero los 9,2 millones de euros de capital social para incrementarlo después a 1,28 millones con aportaciones económicas de Mercasa y «no dinerarias» del Ayuntamiento, que cede los locales comerciales del mercado del Arenal. Esta maniobra contable otorga a la entidad margen de maniobra en el máximo endeudamiento legal.Sí votaron en contra los populares de la propuesta del vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, para reducir «drásticamente» los 21 miembros del consejo de administración – 20 tras la dimisión de la funcionaria María Victoria Bustamante–. Mir esgrimió que quedarían «en la mitad» por austeridad y «operatividad», pero Pérez cree que se pretende «eliminar a personas molestas». Un solo dato: los estatutos de Mercasevilla no garantizan la presencia de la oposición.

El comité cree que la querella popular impide la «solución política» del ERECon 54 años, José Rodríguez no sabe si el mes que viene será desahuciado. Es uno de los 40 prejubilados de Mercasevilla inscritos en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 que lleva desde enero pasado firmando préstamos con la empresa para completar su nómina ante el rechazo de la Junta de Andalucía a financiar estos pagos; pero es el primero a quien el INEM le ha retirado su aportación a su retribución alegando que «cobro una cantidad demasiado elevada» de la compañía como para percibir un subsidio. Sin él, José no puede pagar su casa y «sobrevivo a base de préstamos de familiares, del comité de empresa,...». Su presidente, Rafael Domínguez, se reunió ayer con el secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera, en busca de una «solución política» al ERE que la Junta rechaza y que «el PP obstaculiza al judicializar» el conflicto laboral incluyendo el proceso regulador en la querella por delito societario. Domínguez augura que ahora los dirigentes autonómicos darán otro paso atrás y se remitirán «a lo que diga el juez» respecto al ERE, pese a que mostró a Viera y Alfonso Mir –que participó como socialista– el texto que «prueba» la implicación financiera de la Junta. El PSOE se limita a tomar nota y estudiar estas demandas.