El PP pide aclarar con más pruebas la autoría del fax

SEVILLA- El Partido Popular formalizó ayer su recurso de reforma contra el auto de procedimiento abreviado sobre el «caso Unidad» del titular del juzgado de Instrucción 14, como paso previo a la reclamación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. El objetivo de la acusación particular sigue siendo ampliar la investigación con la práctica de nuevas pruebas para que el ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo y el antiguo asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño vuelvan a estar imputados junto al ex colaborador de ese partido Ángel Cervera y su esposa, Ángeles Nevado. Igualmente, los populares recuerdan que el instructor admite la existencia de facturas falsas de la empresa Copyur SL «cuyo fin era servir como justificación de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento y la Diputación» al colectivo ciudadano.
Los acusadores inciden en las «diferencias» en la documentación aportada a la causa por los responsables de la compañía, Juan José González y María del Carmen Martín: como ejemplo, baste citar que las mismas facturas de 2002 suman 9.511,72 euros en el cuadro resumen y se quedan en 1.340,78 euros en la contabilidad oficial. En estas condiciones, el PP insiste en los «indicios racionales de criminalidad» contra González y Martín.
Según el recurso, la gran incógnita es «quién o quienes encargaron desde Unidad la confección de las facturas falsas, y quién o quiénes las utilizaron para obtener un ilícito beneficio» del Ayuntamiento y la Corporación provincial. Los populares señalan a Gómez Lobo y a Castaño por los «sobrados indicios que llevaron al juez» a citarlos como imputados al iniciar la causa.
Pero, para despejar dudas, se insiste en la necesidad de nuevas pruebas, esclareciendo con estudios caligráficos la autoría de las notas manuscritas «donde se encargaba la redacción de las facturas falsas a Copyur SL» y la «preparación de un sobre» para entregar en el Ayuntamiento «a través de Susana Delgado» –cuya imputación también pide el PP–.
La acusación particular se pregunta por qué el juzgado mantiene imputados a Ángel Cervera, ex asesor socialista en la Diputación, y a Ángeles Nevado, ex presidenta de Unidad, por una factura falsa emitida en 2002 para justificar una subvención, pero no se aplica la misma medida a Gómez Lobo y a Castaño, pese a que eran presidente y secretario de la federación vecinal ese mismo año.
El instructor había denegado la práctica de más pruebas alegando que se intenta abrir «una causa general», ante lo cual el PP esgrime que más bien pretende aclarar un «delito continuado».