La «galeborroka» se instala en Galicia

Tal es el peligro, que en su última Memoria, la Fiscalía General del Estado advertía de que Galicia es la autonomía con mayor amenaza de terrorismo por «independentismo radical». Y a los hechos se remite.

Si en 2009, año al que hace referencia el informe, se cometieron diez acciones terroristas en los municipios gallegos –el doble que el año anterior– en 2010 esta cifra fue todavía superior. Cabe mencionar los atentados a las sedes del PP en Nigrán y Gondomar, el artefacto explosivo colocado en el domicilio del catedrático Roberto Blanco Valdés, el ataque a la sede del PSdeG en La Estrada o la bomba que hizo explosión en una oficina del Inem de Lugo, entre otros. Y 2011 no ha empezado mejor: la explosión de un artefacto en la casa donde residió el alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, o el ataque con cócteles molotov a la sede del PSdeG en Betanzos, dan muestra de ello.

El Ejecutivo responde
Ante el agravamiento de este tipo de actividades terroristas, el Ministerio del Interior ha creado un nuevo grupo en la Unidad de Intervención policial de Galicia (UIP) formada por cincuenta funcionarios. Amén de un aumento del 20 por ciento en el número de policías destinados a combatir este tipo de delitos. Así lo confirmó el pasado 14 de febrero el Gobierno en respuesta a una pregunta de la senadora del PP María Jesús Sáinz García, que denunciaba el acoso a determinadas personas por parte de estos grupos radicales y cuestionaba si el Ejecutivo había tomado ya alguna medida al respecto.

«El problema no tiene la misma dimensión o el alcance que en el País Vasco o Cataluña, pero hay que evitar que ese caldo de cultivo se extienda», matizaba Sáinz García. Y por ese motivo, el Ejecutivo asegura que se han adoptado medidas de protección y vigilancia de viviendas particulares, de sedes o lugares de trabajo, itinerarios, desplazamientos y vehículos.

Su objetivo: «impedir la materialización de ataques violentos e identificar a los autores».
Medidas, a juicio de la senadora del PP, que «de momento» no parecen haber tenido «mucha eficacia», ya que los ataques persisten y el acoso a determinadas personas es reiterativo. Además, añade Sáinz García, todos los ataques tienen el mismo corte, por lo que se sospecha que están realizados por las mismas personas.

Primeras detenciones
Y eso es lo que debió pensar la Fiscalía General del Estado cuando alertó de que el número de atentados seguirá aumentando mientras los miembros que pertenecían a la «organización juvenil radical independentista gallega AMI, que en la actualidad podrían estar huidos y actuando bajo las siglas de Resistencia Gallega, no sean detenidos». Hasta el momento se han producido cuatro detenciones. La última, la del ex Grapo Telmo Varela, acusado de un delito de estragos y tenencia ilícita de armas.

Explosiones que no dejan huella
El mapa de los atentados es más amplio de lo que cabría esperar. Según la Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en 2009, último ejercicio del que se tienen datos, a la espera de que se cierre el de 2010, hubo más de una docena de atentados de autoría desconocida, la mayoría de corte anarquista. Y es que ese año se produjeron diez acciones fruto del denominado «anarquismo insurreccional» (cuatro en Barcelona, tres en Madrid y una en Coruña, Valencia y Sevilla), siete más que en el ejercicio anterior, y seis explosiones de autoría desconocida en León (dos), Barcelona, Córdoba, Valencia y Guadalajara.

El 23 de enero, varios desconocidos lanzaron un «cóctel molotov» contra la sede de Esquerra Republicana del País Valencià, causando daños en la fachada. Cuatro meses después, el 22 de mayo, explosionó un artefacto junto al Ayuntamiento de Cornellá (Barcelona). No provocó daños porque la Policía consiguió apartarlo antes del edificio.

El 15 de junio, un nuevo estallido sí provocó daños materiales. El objetivo era la sede de UGT en Ponferrada (León). El artefacto estaba compuesto por un cohete, una botella para recargar mecheros y otra con líquido acelerante. De nuevo en Ponferrada, el 29 de diciembre estalló otra carga explosiva en las dependencias de la Junta de Castilla y León. La deflagración causó daños en la parte trasera del inmueble y en un vehículo.

Igualmente, el 29 de septiembre explosionó un artefacto casero «tipo Mc Giver» en el número 50 de la calle Juego de Pelota de Lucena (Córdoba). Y en octubre se produjo el estallido de una garrafa de cinco litros de gasolina con sistema de retardo en el km. 73 de las vías del AVE Madrid-Barcelona, en Guadalajara, junto a una torre de electricidad.

Por otro lado, hubo atentados anarquistas de autoría incierta en la Ciudad Condal: en una sede de la Seguridad Social (dos bombonas de camping gas explosionaron el 27 de enero); en una academia para preparar las oposiciones a las Fuerzas de Seguridad (reivindicado en marzo con un «¡Muerte al Estado y viva la Anarquía!» en la web www.indymedia.org) y en el Consulado de Chile en la Ciudad Condal, contra el que se lanzó un artefacto incendiario casero en protesta por la muerte de un joven anarquista al explotarle una bomba que portaba en la mochila.

El envío de un paquete-bomba al secretario de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat sí se saldó con un detenido. En cambio, se desconoce quién lanzó dos artefactos incendiarios contra dos sucursales de La Caixa y Bancaja en Barcelona en apoyo al preso anarquista Amadeu Casellas.