Entre siete y ocho niños son retirados de forma irregular cada año en Sevilla

En Sevilla, la Junta tutela a unos 1.500 menores retirados de sus familias, más de 500 en régimen de protección y el resto, con familias de acogida. Las buenas intenciones son incuestionables. Los resultados –en la memoria, Carmen Espejo, Carmen Fernández y Alejo Pozo– son más dudosos. El sistema, que se supone que «protege» a los ciudadanos, en ocasiones deviene en el peligro del que guarecerse.

La Asociación Andaluza Pro Derechos del Menor habla de más de 200 niños arrancados de forma injusta en una década en Andalucía. Pro Derechos Humanos señala que por encima del 90% de las medidas de protección «se ejecutan en los ámbitos del empobrecimiento».

Siguiendo las resoluciones judiciales –obviando que no todas las denuncias prosperan, muchas por error de forma o plazo–, las cifras casan. En Sevilla, se dan entre siete y ocho sentencias desfavorables a Bienestar al año; entre 70 y 80 cada década.

Gabriel Velamazán, representante legal en casos como los de Carmen Fernández y Alejo Pozo, mantiene, en base a la experiencia, que la mayoría de casos irregulares se dan en Andalucía, principalmente en la capital. Le sigue Cataluña. «Lo lento no es justo», explica Velamazán que «enseñaban en la facultad». «En un proceso con menores, lo lento es abiertamente injusto», añade. La primera sentencia no llega nunca antes de los tres años, tiempo más que suficiente para que el juez estime que «el niño ya está consolidado» con su familia de adopción o de acogida.

Micaela Navarro defiende las actuaciones de su departamento, a pesar de las sentencias desfavorables. Pese a contar, sólo en los casos de Alejo Pozo y Carmen Fernández, con 25 resoluciones contra la retirada, la Junta lo máximo que ha llegado a decir, en boca del ex presidente Chaves, es que si se produjo algún error, se disculparía. Condicional. «Abolida la pena de muerte, lo peor es que te condenen a perder a tus hijos», recuerda Velamazán. En ambos casos, los progenitores murieron de cáncer «tras más de diez años de lucha por recuperar a sus hijos». «¿Causalidad o casualidad?», subraya el letrado. En una sentencia del «caso Iván y Sara» se incide en el sufrimiento como agravante de la enfermedad. En otra retirada en Sevilla, se utilizaron a los GEOS. Kafka desatado.

Las causalidades o casualidades de las causas de Iván y Sara y Alejo Pozo no acaban aquí. Actuó la misma trabajadora social del Sistema Andaluz de Protección de Menores, quien «ha sido pieza relevante en otra serie de retiradas de menores cuanto menos harto discutibles». No ha trascendido ningún tipo de investigación interna por parte de la Junta.

Según Pro Derechos, «los profesionales de los servicios de protección de menores se hallan desbordados y excesivamente burocratizados». Gabriel Velamazán apunta más causas para evitar, en la medida de lo posible, más separaciones irregulares de menores: elevar el concepto de «familia extensa» a «padrinos y derivados»; introducir por ley la presencia de un abogado y de peritos ajenos a la Administración desde que comienza el proceso de retirada para garantizar la información; rapidez en la tramitación burocrática y judicial; investigar las irregularidades y depurar responsabilidades; e incidir en que el fiscal «controle» a la Administración y el juez al fiscal.

Paradójicamente, en estos casos siempre coincide también una circunstancia de «desprotección» de los padres. Al patriarca de un clan de droga o al cabecilla de un asentamiento chabolista que no lleve a sus hijos al colegio –haberlos, haylos–, les dan «avisos», pero no se le retiran a los niños. La causa: «Estas personas inmediatamente llamarían a la puerta de quien haga falta, pistola en la mano». Como en el cuadro de Saturno de Goya, la Administración sólo «devora» a los «hijos» del sistema.