La Junta asume el pago de las ayudas laborales para ahorrar 75 millones

Sevilla- El Consejo de Gobierno de la Junta puso ayer un teórico broche al conflicto con un millar de prejubilados en pie de guerra por no cobrar. Aprobó un decreto-ley de medidas urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, que permitirá asumir directamente y sin intermediarios al Ejecutivo andaluz el pago de dichas prestaciones.

La norma, que afectará a 1.383 personas en total y entrará en vigor el día de su publicación prevista para mañana, recoge dos tipos de ayudas sociolaborales: unas previas a la jubilación ordinaria y otras extraordinarias. De las primeras, incompatibles con cualquier otra prestación pública de ese tipo y limitadas en su cuantía a la pensión máxima del régimen de la Seguridad Social, entre otras condiciones, se beneficiarán ex empleados del Grupo Santana, afectados por la liquidación de la aseguradora Apra Leven –ligada a 18 empresas de la región–; cuatro operarios de la extinta Delphi y cuatro de Boliden Apirsa.

Las extraordinarias, que se otorgarán una sola vez, se destinarán a otros ex «santaneros», a Astilleros de Sevilla y a 11 de Delphi.
Según explicó el consejero de Economía, Antonio Ávila, el dinero a aportar de forma directa supondrá un montante de 14,9 millones de euros anuales durante un plazo de aproximadamente 14 años, en función de la edad de los prejubilados. Esto supone una cuantía global de casi 225 millones, con un ahorro de 7,5 para las arcas públicas por la eliminación de comisiones de intermediación de las aseguradoras.

En ese sentido, destacó no sólo el «impacto» que la medida tendrá en términos presupuestarios, sino también en relación a la tesorería, a la caja de la Junta, «al desplazar a lo largo del tiempo un abono de cantidades que se concentraban en pocos años –con las aseguradoras–» y que ahora se pondrán destinar a otros ámbitos.

Cabe recordar que la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, abrió en uno de sus autos el frente de las consultoras, apuntando que podrían haber llegado a recibir comisiones de hasta el 25% por su trabajo. De hecho, imputó a miembros de Uniter y de Vitalia. Además de la magistrada, la Cámara de Cuentas también cifró entorno al 10% la comisión cobrada por esas compañías, que otras fuentes vinculadas al proceso judicial sitúan en una horquilla del 10 al 20, lo que habría supuesto un desembolso de, como mínimo, unos 150 millones de euros.

Sólo las prejubilaciones de Delphi cuestan al Ejecutivo autonómico más de 25 millones en comisiones de intermediación, según informó el grupo asegurador Generali, 17,5 más de lo que se ahorrará con el decreto-ley.

Preguntado por qué no se ha dado luz verde antes a una herramienta que permitiera a la Junta saltarse los intermediarios, Ávila englobó la iniciativa en un «proceso de continua mejora en el seno de la Administración, en cualquier ámbito» de ésta.

Parece claro que comienzan a darse los primeros pasos para que el «caso de los ERE» no se repita. De hecho, una comisión técnica compuesta por funcionarios será la encargada de velar por el buen fin de los pagos directos, sin compañías de seguros de por medio que comenzarían a realizarse en un mes. ¿Qué ocurrirá con las pólizas en activo que sí las tienen? «Serán refinanciadas con unas características» que incluyen que no habrá «pagos a intermediarios» por la renovación, según Ávila. En este supuesto se encuadrarían unas 5.700 personas y supondría una cantidad que «no llega a los 350 millones», según fuentes de la Consejería.