En España hay 50000 embriones congelados en un «limbo legislativo»

"Tenemos cincuenta mil embriones y no sabemos qué hacer con ellos", ha reconocido el ginecólogo Pedro Caballero, director de la Fundación Tambre, que ha constituido el primer comité de ética de una clínica de reproducción asistida creado en España.

Este debate, sobre la situación de embriones criopreservados, ha tenido lugar en el IV Simposio Internacional de Reproducción Asistida, que ha reunido en el Palacio de Congresos de Madrid a unos seiscientos expertos nacionales e internacionales.

El doctor Miguel Casares, coordinador de Trasplantes y presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de Getafe, ha hecho hincapié en que tanto las instalaciones como el mantenimiento de estos cigotos con nitrógeno líquido son "enormemente costosos", por lo que urge tomar una decisión sobre su futuro.

En cuanto a la posibilidad de destinarlos a la investigación para el tratamiento de enfermedades o para la medicina regenerativa, ha confesado que las clínicas de este país especializadas en células madre prefieren obtenerlas por otras vías, siempre que sea posible, sin recurrir a las embrionarias.

El modelo español en este ámbito es "disuasorio", según Casares, quien ha denunciado que es necesario pasar por un "auténtico galimatías" en el que los investigadores de este país no están interesados.

La opción de que los embriones se implanten en mujeres con problemas de fertilidad choca también con la legislación española, que prohíbe este uso para aquellas que sean mayores de 35 años, precisamente, la edad en que las dificultades para concebir son mayores y existe una creciente demanda.

Tanto Caballero como Casares han coincidido en la necesidad de reformar este aspecto de la Ley de Reproducción Asistida, porque pondría fin al sufrimiento de muchas parejas españolas al tiempo que solventaría el controvertido debate sobre el futuro de los embriones.

Aunque la legislación no establece ninguna restricción en el número de cigotos generados, Casares ha apelado a la responsabilidad de los profesionales para que ajusten la producción a las indicaciones clínicas del caso y limiten la implantación a tres embriones por ciclo reproductivo.

Una vez creados los embriones, la normativa española establece un plazo de cinco años para el mantenimiento de la criopreservación, periodo durante el cual la pareja donante puede decidir una nueva implantación o, previa autorización, la cesión a otra pareja con problemas de fertilidad.

La realidad es que gran parte de estas parejas "cambian sus decisiones o se desentienden de los embriones sobrantes", que pasan a disposición de la clínica, y esto crea un "conflicto"sobre qué hacer con ellos, "por lo que la decisión sobre su destino queda en manos de los profesionales".

Los expertos abogan por la creación de comités de ética multidisciplinares en las clínicas de reproducción asistida, que actúen en la resolución de los problemas relacionados con la actuación médica sobre los embriones y en la defensa de los derechos de los pacientes.

En España cerca de 800.000 parejas tienen problemas de fertilidad y cada año se llevan a cabo unos 50.000 tratamientos de fecundación in vitro y casi 300.000 de inseminación artificial.

Los continuos avances en este campo han permitido el nacimiento de cerca de 35.000 niños cada año en España. Desde el alumbramiento de la primera niña probeta hace mas de treinta años, la investigación sobre las causas de infertilidad ha logrado el nacimiento de más de cinco millones de niños y la búsqueda de soluciones para un problema que padece una de cada diez parejas en el mundo.

España se sitúa en el tercer lugar de Europa en número de ciclos de reproducción asistida, que han provocado alrededor del 3% de los nacimientos registrados en este país.