Interrogados los representantes del Gobierno en los contactos con ETA

Así se desprende del auto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado hoy levantar el secreto sobre la comisión rogatoria remitida a su Juzgado por la juez francesa Laurence Le Vert, que incluía las actas redactadas por la banda terrorista con el contenido de sus contactos con el Ejecutivo.

Según la resolución, el juez preguntó el pasado mes de enero al Gobierno si levantó sus propias actas de esas reuniones, le pidió una copia de las mismas en caso de que así fuera y le solicitó que identificara a sus representantes en esos encuentros, "informando al mismo tiempo sobre las responsabilidades públicas o cargos oficiales que ostentaran"para tomarles declaración como testigos.

Esas comparecencias, en las que los representantes gubernamentales -identificados en las actas de ETA intervenidas a Francisco Javier López Peña, "Thierry", con las siglas GO, numeradas del 1 al 4- tuvieron la condición de testigos protegidos, se celebraron los días 31 de enero, 2 y 3 de febrero y 22 de marzo.

Su declaración tenía por objeto aclarar si en la reunión del 22 de junio, celebrada "a presunta petición"de ETA, los enviados del Ejecutivo "habrían vertido determinadas manifestaciones en respuesta a recriminaciones por parte de la organización terrorista relativas a la práctica de detenciones (...) y a determinados aspectos de la investigación judicial en curso".

Así, según las actas de ETA publicadas por los diarios El Mundo y El País, los terroristas se habrían quejado ese día por la operación contra el aparato de extorsión de la banda frustrada el mes de mayo anterior por un "chivatazo"y llevada a cabo finalmente el 20 de junio.

"Es un accidente grave. No sé que deciros. Es algo que viene de hace dos años y es un asunto que viene del juez. Es un accidente importante y cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis", habría contestado uno de los dos representantes del Gobierno.
Ruz pidió al Gobierno que informase de si el encuentro fue convocado a petición de la banda terrorista y "sobre los hechos que motivaron la celebración"del mismo, así como si intervino un intermediario y si éste redactó su propia acta, de la que también reclamó una copia en caso de que existiera, además de solicitar la identidad de los representantes de ETA en el encuentro.

Otros interrogados
Además de a los enviados del Gobierno, el magistrado ha interrogado como testigos a los que en 2006 eran director general, subdirector general operativo, jefe del Servicio de Información y jefe de la Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia Civil, así como al Comisario General de Información y subdirector general operativo de la Policía y al director de la Ertzaintza.
El pasado 21 de febrero, el magistrado tomó declaración en París a cuatro responsables policiales franceses que coordinaron la operación contra la red de extorsión de ETA dirigida por su compañero Fernando Grande-Marlaska y por la juez Le Vert.

Entre la documentación enviada por ésta figuran las declaraciones prestadas por los etarras Jon Yurrebaso y Kepa Mirena Suárez Ugarte, que tras ser detenidos el 29 de marzo de 2007 en Francia se identificaron como miembros del "aparato de negociación"de ETA y que tenían en su poder el número de teléfono del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado en el "caso Faisán".

Francia también remitió un informe fechado el 16 de mayo de 2005, intervenido al presunto negociador etarra Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, sobre una "reunión preparatoria entre miembros de la banda, un grupo de intermediarios y un representante del Gobierno español con vistas a preparar los posteriores encuentros en el marco del proceso de negociación"entre el Gobierno y ETA

Nueve folios enviados por Francia
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha levantado esta tarde el secreto que pesaba sobre nueve folios de la comisión rogatoria que remitió a su juzgado la juez antiterrorrista francesa Laurence Le Vert, según informaron fuentes jurídicas. 

Uno de los policías imputado pedirá el archivo del caso
Enrique Pamiés, jefe superior de la Policía Nacional en el País Vasco y uno de los imputados en el "caso Faisán", pedirá el archivo de esta causa una vez levantado el secreto de sumario y al entender que no existen indicios contra él que permitan sostener una acusación.

La defensa de Pamiés en el caso del chivatazo a ETA está siendo llevada por el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), cuyo presidente, José Ángel Fuentes Gago, explicó a Servimedia la intención de pedir el archivo del sumario.

Gago destacó que, tras años de investigación, la realidad es que "se han dejado de efectuar diligencias importantes", lo cual, con toda probabilidad, dará como resultado "que sea imposible condenar a nadie".

En este sentido, este representante del SPP se quejó de la investigación que ha realizado el comisario Carlos Germán, al que reprochó que acotase una determinada franja horaria para el chivatazo y no investigase aspectos como las tarjetas prepago o los teléfonos vía satélite. Según Gago, "una investigación policial debe realizarse con rigor y con objetividad, y aquí no ha habido ni rigor ni objetividad".

Hasta el momento, los tres imputados en el "caso Faisán"son el ex director general de la Policía Nacional Víctor García; el jefe de este cuerpo de seguridad en el País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros.